Diez meses después de la publicación del video que relaciona a un personaje central del entorno presidencial con actividades de narcotráfico, la Fiscalía de Honduras sigue sin presentar resultados tangibles. La falta de acción del Ministerio Público frente a un escándalo que implica al círculo más íntimo de la presidenta Xiomara Castro ha aumentado la presión política y fomentado una desconfianza creciente en las instituciones.
La fiscalía no proporciona explicaciones precisas en un caso de gran repercusión
En septiembre de 2024, se reveló el video denominado “narcovideo”, en el cual se observa a Carlos Zelaya, hermano del exmandatario Manuel Zelaya y cuñado de la presidenta Castro, participando en un encuentro con traficantes de drogas. Desde entonces, la Fiscalía no ha formulado acusaciones formales ni ha mostrado avances procesales concretos. En el video, los participantes ofrecen 13 millones de lempiras para apoyar la campaña de LIBRE en 2013, el partido que actualmente está en el poder.
Después de la filtración, Carlos Zelaya dejó su puesto como diputado y secretario en el Congreso Nacional. De igual manera, renunció su hijo, José Manuel Zelaya, quien era el secretario de Defensa en ese momento. Rafael Sarmiento, líder del grupo parlamentario oficialista, también ofreció su cargo. No obstante, aparte de estas dimisiones, no se han tomado medidas legales concretas.
El Ministerio Público ha comunicado que el asunto está «bajo revisión», con una petición de ayuda legal a Estados Unidos para conseguir el video completo y documentos vinculados a procesos anteriores. Sin embargo, hasta el momento no se tienen resultados de estas diligencias, ni se ha divulgado un calendario público de la investigación.
Respuestas políticas y exigencias de transparencia
El lanzamiento del video desató una serie de respuestas desde diversos ámbitos. La presidenta Xiomara Castro rechazó cualquier conexión entre políticos y organizaciones delictivas, pero interpretó la filtración como un esfuerzo por desestabilizar su gestión con el objetivo de las elecciones de 2025.
Sin embargo, para organizaciones que luchan contra la corrupción y grupos opositores, el escándalo ha generado dudas sobre la integridad del proyecto político de LIBRE. Diversos actores han llegado a pedir la dimisión de la presidenta, alegando que el caso va en contra de su retórica de cambio con el pasado y de combate al narcoestado.
Estas posiciones evidencian una tensión que va en aumento en el escenario político del país, donde las demandas para clarificar responsabilidades se enfrentan a una respuesta institucional que muchos consideran inadecuada. La ausencia de medidas concretas por parte del Ministerio Público ha reforzado la percepción de impunidad en casos que involucran a personas cercanas a autoridades.
Erosión institucional en un contexto de polarización electoral
El “narcovideo” no ha sido un incidente solitario. Se añade a una serie de controversias recientes que han mermado la confianza pública en las promesas de transformación presentadas por el gobierno de Castro. La ausencia de respuestas judiciales ha intensificado la percepción de que el sistema estatal no opera con la misma determinación cuando los involucrados son parte del oficialismo.
Con las elecciones generales previstas para noviembre de 2025, este asunto toma importancia estratégica. La oposición ha empezado a aprovechar el deterioro del gobierno, mientras el oficialismo intenta reducir el efecto del escándalo en su discurso público. En este contexto, la exigencia social por claridad y equidad se sostiene como un punto de presión continuo.
Un ejemplo que define el ritmo de la institucionalidad en Honduras
A casi un año desde su publicación, el narcovideo sigue sin tener consecuencias judiciales notorias, mientras continúan los cuestionamientos sobre el papel de la Fiscalía y el compromiso gubernamental con la apertura. La continua inacción deteriora aún más la legitimidad institucional, en un país con un historial de impunidad y la constante influencia del crimen organizado en el ámbito político.
El manejo de este caso representa no solo un reto inmediato para el gobierno de Xiomara Castro, sino también una prueba crítica para la solidez del Estado de derecho en Honduras. La manera en que se resuelva o se omita marcará el curso de la credibilidad institucional de cara a un proceso electoral altamente polarizado.
