En el marco de las elecciones en Honduras, Rixi Moncada, quien aspira a la presidencia por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), se encuentra involucrada en diversas controversias vinculadas al uso de fondos públicos y señalamientos por posibles hechos de corrupción. Estas imputaciones, que incluyen tanto procedimientos legales locales como litigios en foros internacionales, contribuyen a un escenario político caracterizado por la división y la desconfianza de la población hacia las autoridades.
Denuncias por gestión inadecuada de recursos sociales
Uno de los principales cuestionamientos hacia Moncada se centra en la utilización de recursos destinados a la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), particularmente en el departamento de Copán. De acuerdo con denuncias actuales, recursos públicos podrían haber sido dirigidos hacia grupos relacionados con el partido en el poder, lo cual ha avivado críticas sobre la aplicación de programas sociales con intenciones políticas.
Estas acusaciones coinciden con un contexto de creciente presión sobre la transparencia en el uso del gasto público en año electoral, en el que diferentes sectores han exigido controles más estrictos sobre la ejecución de fondos destinados a asistencia social.
Reporte mundial presentado al FBI
El asunto adquirió una dimensión internacional a inicios de 2025, cuando Murray Paul Farmer, un ciudadano de Estados Unidos, presentó una queja ante el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mencionando a Moncada y otros empleados del gobierno. La acusación sostiene que hubo irregularidades en la gestión y abuso de funciones públicas que habrían perjudicado la inversión extranjera en el país.
Hasta la fecha, la candidata de LIBRE no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia, la cual podría generar implicaciones diplomáticas en caso de avanzar en instancias judiciales extranjeras. El silencio institucional ha alimentado el debate sobre la capacidad de respuesta del sistema político hondureño ante cuestionamientos de carácter internacional.
Antecedentes de estudios y dudas anteriores
Las disputas que actualmente involucran a Moncada no son recientes. En 2009 y 2013, fue investigada por supuesto abuso de poder y fraude mientras trabajaba en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), además de estar relacionada con contratos con la constructora brasileña Odebrecht. Aunque en ambas ocasiones los tribunales hondureños dictaron sobreseimiento definitivo, su nombre ha seguido surgiendo en reportes periodísticos y en investigaciones impulsadas por entidades de fiscalización.
Recientemente, en enero de 2025, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) interpuso una denuncia por supuesta malversación de fondos públicos contra Moncada y varios otros funcionarios. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles del caso, lo que ha creado incertidumbre respecto al progreso judicial y ha aumentado las dudas acerca de la transparencia del proceso.
Tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el uso del poder
La candidatura de Moncada, además de las acusaciones por corrupción, ha sido objeto de críticas acerca de su participación en funciones gubernamentales mientras aspira a la presidencia. Algunos grupos han puesto en duda su implicación en la creación de propuestas y revisiones que, según sus opositores, van más allá de las responsabilidades de su posición actual, provocando así un debate sobre la división de poderes y el equilibrio institucional.
Las críticas aumentan debido a que la candidata ha conservado posiciones oficiales durante su campaña, lo que ha suscitado inquietudes sobre posibles conflictos de interés y el uso potencial de recursos del estado en favor de su candidatura. Entidades de la sociedad civil han llamado a intensificar la supervisión ciudadana y a reforzar mecanismos de responsabilidad para asegurar la justicia en el proceso electoral.
Un panorama marcado por la desconfianza institucional
El caso de Rixi Moncada pone en relieve los desafíos que enfrenta Honduras en materia de gobernabilidad, transparencia y fortalecimiento del Estado de derecho. En un año decisivo para el rumbo político del país, las denuncias por corrupción y el debate sobre el uso de los recursos públicos se han convertido en ejes centrales de la discusión nacional.
Aunque las autoridades siguen sin aclarar el estado legal de las acusaciones en su contra, Moncada sigue siendo el centro de atención, con posibles repercusiones que podrían impactar directamente en la legitimidad del proceso electoral de 2025 y en la percepción pública sobre la autonomía de las instituciones.
