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En Honduras, la discusión sobre la función de las Fuerzas Armadas en los comicios electorales ha ganado importancia a raíz de una serie de incidentes que han provocado polémica y dudas. Un reporte de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuyó a las Fuerzas Armadas errores logísticos en las elecciones primarias, mientras que el desarme selectivo de ciertos oficiales ha levantado preguntas sobre la imparcialidad de la entidad militar.
Frente a esta situación, el letrado y experto en derecho constitucional, Julio César Barrientos, ha propuesto una modificación a la constitución que retire a las Fuerzas Armadas de cualquier rol en las elecciones, sosteniendo que su intervención pone en riesgo la claridad y justicia del proceso.
Informe del CNE y cuestionamientos al rol militar en elecciones
El informe de auditoría del CNE reveló deficiencias significativas en el cumplimiento del protocolo logístico por parte de las Fuerzas Armadas durante las elecciones primarias. Se identificaron desvíos de rutas sin justificación, retención de unidades de transporte electoral, entrega incompleta de kits tecnológicos a zonas rurales y falta de comunicación entre mandos militares y coordinadores electorales. Estas irregularidades provocaron retrasos en la apertura de urnas y generaron dudas sobre la transparencia del proceso. La falta de respuesta del alto mando militar y del gobierno ante estas acusaciones ha intensificado la desconfianza.
Frente a esta situación, los partidos opositores han solicitado una revisión del acuerdo entre el CNE y los militares, así como la presencia de supervisores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados. En este entorno, el abogado Barrientos ha considerado «obsoleta, peligrosa y manipulable» la disposición constitucional que otorga a las fuerzas armadas la responsabilidad de custodiar las urnas, distribuir el material electoral y brindar apoyo logístico al CNE. Barrientos sostiene que la intervención militar en procesos civiles compromete la imparcialidad institucional y abre la puerta a presiones políticas y fraudes.
Iniciativa de modificación constitucional y malestar en las fuerzas armadas
Barrientos sugiere una reforma a la constitución para mover las tareas electorales a una Dirección Técnica Electoral vinculada al CNE, pero con empleados civiles, formación especializada y absoluta transparencia. Esta iniciativa pretende actualizar y proteger los procedimientos electorales contra cualquier interferencia militar. La propuesta de Barrientos se une a una creciente presión popular que demanda elecciones civiles y no militarizadas.
A pesar de todo, la polémica no se circunscribe únicamente a los errores logísticos y a la iniciativa de reformar la constitución. La elección del Alto Mando para desarmar selectivamente a ciertos miembros de las fuerzas armadas ha ocasionado inquietud en distintos ámbitos. De acuerdo con algunas fuentes castrenses y diversas acusaciones, el proceso de desarme parece no aplicarse de forma generalizada, sino dirigido únicamente a aquellos oficiales que han expresado opiniones independientes o críticas hacia el gobierno vigente. Esta acción se ha percibido como un intento de eliminación silenciosa dentro de las fuerzas militares, lo cual ha producido tensiones y malestar entre los oficiales medianos y superiores.
El temor principal entre líderes de oposición es que, ante una posible derrota del oficialismo en las urnas, el gobierno pretenda usar a las Fuerzas Armadas para desconocer los resultados o reprimir manifestaciones. Estos eventos han alimentado las dudas sobre la deriva del gobierno y la posible manipulación de las instituciones armadas.
