Varios grupos dentro de la sociedad hondureña y entidades internacionales muestran preocupación por el dominio institucional que el oficialismo tiene, en un contexto político caracterizado por tensiones en torno a la gobernabilidad y la democracia.
Reforzamiento de la autoridad en entidades fundamentales del Estado
Desde el comienzo del mandato de la presidenta Xiomara Castro, el partido Libertad y Refundación (LIBRE) ha incrementado su presencia en las principales instituciones del Estado. La influencia del gobierno se ha expandido al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Tribunal Superior de Cuentas.
Según las acusaciones de los adversarios, algunos de estos nombramientos han ocurrido sin seguir los procedimientos parlamentarios estipulados y como parte de pactos políticos poco claros. La legisladora Maribel Espinoza, quien forma parte del grupo opositor, destacó que el objetivo del partido gobernante trasciende la administración, al señalar que pretende «tener dominio total», incluyendo entidades como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Registro Nacional de las Personas (RNP) y las Fuerzas Armadas.
El crecimiento del poder de las instituciones genera cuestionamientos acerca del balance entre los poderes del Estado y la efectividad de los mecanismos democráticos para el control político.
Advertencias acerca de riesgos para la democracia y acusaciones de hostigamiento
Expertos y organismos de investigación han alertado sobre el riesgo de que la centralización del poder debilite las bases estructurales de la democracia. Según el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), esta tendencia puede erosionar la autonomía de las instituciones públicas y favorecer un sistema de gobierno con características autoritarias.
Los paralelismos con otros contextos latinoamericanos han sido recurrentes en el debate público. Algunos analistas comparan la situación hondureña con los procesos vividos en países como Nicaragua y Venezuela, donde la captura de instituciones por parte del oficialismo ha derivado en restricciones a la participación política y en la reducción de espacios para la oposición.
En este contexto, también es importante considerar la inquietud relacionada con la manera en que se trata a los sectores autónomos, especialmente a los medios de comunicación y las figuras empresariales. Informes recientes destacan un incremento en la presión sobre periodistas críticos, tal como se evidencia en el caso del periodista Rodrigo Wong Arévalo, además de las campañas del gobierno que critican abiertamente a determinados grupos empresariales conocidos como «las 10 familias».
Organizaciones nacionales e internacionales han advertido que estas acciones podrían formar parte de un patrón destinado a desincentivar la crítica y limitar la pluralidad de voces en el debate público.
Alertas para la supervisión global y avisos desde la comunidad civil
Ante tal escenario, diversas entidades han hecho llamados a la comunidad internacional, especialmente a cuerpos como la Organización de Estados Americanos (OEA) y Naciones Unidas (ONU), para que continúen vigilando de manera activa la situación política en Honduras.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) expresó en un comunicado que el pueblo debe estar vigilante ante los peligros de la concentración del poder político. En el mismo mensaje, la organización afirmó que cuando «el poder se acumula en una sola persona, la libertad corre riesgo», y solicitó que se asegure un proceso electoral libre y claro en las elecciones programadas para noviembre de 2025.
Este llamamiento sucede en un entorno de aumento de la desconfianza en las instituciones y exigencia de seguridades democráticas, donde se debate el rol que deben asumir los actores internacionales como protectores del respeto a los principios constitucionales y a los derechos políticos de la población.
Un momento caracterizado por retos a la institucionalidad
La situación actual evidencia tensiones estructurales en el modelo democrático hondureño, en particular en lo que respecta a la separación de poderes, la rendición de cuentas y el acceso equitativo a los espacios de participación política. El fortalecimiento del control institucional por parte del oficialismo se produce en un contexto donde los mecanismos de contrapeso enfrentan límites para operar con independencia.
En este escenario, los próximos meses serán determinantes para evaluar la capacidad de las instituciones hondureñas de mantener su autonomía, así como el nivel de apertura del sistema político a la crítica y a la participación plural en un proceso electoral que ya comienza a perfilarse como clave para el futuro político del país.
