.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Libertad de prensa en Honduras")
En los últimos años, la libertad de prensa en Honduras ha tomado una gran importancia, caracterizada por un aumento en los incidentes de violencia, amenazas e impunidad hacia periodistas y medios de comunicación. Diferentes reportes y documentos oficiales han demostrado un ambiente progresivamente más adverso para el trabajo periodístico, donde la presión institucional y económica se une con acciones directas de intimidación y esfuerzos de desprestigio.
En este escenario, los periodistas hondureños han enfrentado no solo amenazas físicas, sino también campañas de difamación pública y presiones legales, lo que ha socavado la autonomía de los medios y ha suscitado inquietud tanto en el ámbito nacional como internacional. La reacción de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos ha sido de monitoreo continuo y solicitudes para salvaguardar los derechos esenciales.
Peligros, agresiones y falta de justicia hacia los periodistas
Desde 2001 hasta finales de 2024, más de un centenar de periodistas y comunicadores han sido asesinados en Honduras, con un índice de impunidad que supera el 90 %. Las amenazas, intimidaciones y restricciones en el entorno digital se han consolidado como las formas más frecuentes de violencia, afectando tanto a periodistas individuales como a medios de comunicación de diversas regiones del país. En los años recientes, se han documentado agresiones a 64 medios, lo que revela patrones persistentes de persecución y criminalización.
La tensión financiera que enfrentan los medios ha afectado su eficiencia y autonomía editorial, forzando a algunos a disminuir sus operaciones o incluso cerrar. La persecución legal y la escasez de recursos han contribuido significativamente a esta fragilidad. Entidades internacionales han colocado a Honduras entre las naciones con las condiciones más adversas para el ejercicio del periodismo en América Latina, posicionándolo en lugares bajos en los rankings mundiales de libertad de prensa.
En este contexto, tanto entidades nacionales como internacionales han exhortado al gobierno de Honduras a asegurar la protección de los periodistas y a mantener el respeto por la libertad de expresión, viéndolos como componentes fundamentales para la democracia y el estado de derecho.
Iniciativas corporativas y reacción social
En mayo de 2025, las Fuerzas Armadas de Honduras implementaron una campaña mediática en contra de periodistas críticos, empleando su medio oficial de comunicación para desacreditar a conocidos reporteros. En una publicación reciente de su diario institucional, se destinaron varias páginas para mencionar a tres periodistas, incluyendo fotografías y descripciones que los tildaban de adversarios del Estado, sin proporcionar evidencia tangible.
Este episodio generó una reacción inmediata del gremio periodístico y de organizaciones de derechos humanos, quienes condenaron la campaña y la calificaron como un ataque institucional sin precedentes desde las más altas esferas del poder militar y gubernamental. La comunidad periodística y diversos sectores de la sociedad hondureña han mantenido una postura de vigilancia, exigiendo transparencia y respeto a los derechos fundamentales, así como el cese de cualquier forma de intimidación contra la prensa independiente.
El caso del periodista Rodrigo Wong Arévalo, señalado en un comunicado de la Secretaría de Defensa Nacional y las Fuerzas Armadas, ha concentrado la atención pública y generado muestras de solidaridad por parte de organizaciones nacionales e internacionales. El comunicado, considerado intimidatorio, respondía a declaraciones de Wong Arévalo sobre presuntas irregularidades en la transferencia de fondos públicos. Diversos sectores han recordado que la labor de informar y fiscalizar a las instituciones es un pilar esencial de la democracia.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ha solicitado al Estado evitar declaraciones que puedan intimidar de manera directa o indirecta a reporteros y medios, resaltando el deber estatal de resguardar la libertad de pensamiento y expresión. Este tipo de situaciones ha sido visto como un esfuerzo por restringir el trabajo informativo y crítico del periodismo nacional, lo cual ha aumentado la inquietud sobre el uso del poder estatal para reducir el ejercicio periodístico en Honduras.
