_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Validación biométrica en Honduras")
La imposición obligatoria del reconocimiento biométrico para usuarios de servicios móviles en Honduras ha suscitado un debate considerable en varios sectores, abarcando el ámbito político, jurídico y social. Esta iniciativa, impulsada por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), dicta que los ciudadanos deben autenticar sus datos biométricos antes del 1 de junio de 2025 para conservar sus líneas telefónicas activas. De no cumplir con esta disposición, existe el riesgo de perder los números actuales, lo que ha generado preocupación entre la población y diversos sectores.
La validación biométrica requiere que los usuarios aporten una imagen de su cara junto con su Documento Nacional de Identidad (DNI) para confirmar quiénes son. Según CONATEL, esta medida pretende contrarrestar crímenes como la extorsión y la utilización de líneas telefónicas sin identificar, que complican las tareas de las fuerzas del orden. No obstante, ha suscitado dudas en cuanto a su legalidad, claridad y posibles repercusiones en la privacidad de las personas.
Asuntos legales y políticos relacionados con la autentificación biométrica
Distintos representantes políticos y sociales han manifestado su inquietud sobre la legalidad y gestión de los datos biométricos recolectados. El legislador Carlos Umaña, perteneciente al Partido Salvador de Honduras (PSH), ha afirmado que dicha medida no cuenta con un apoyo legal adecuado, tildándola de «totalmente ilegal» y sugiriendo a los ciudadanos no acatar la disposición hasta que haya un marco normativo claro que regule la recopilación y uso de datos biométricos por parte de CONATEL. Esta postura refleja una discusión sobre la legitimidad de la medida y la protección de derechos fundamentales.
Por otra parte, Roberto Montenegro, líder del Partido Alianza Patriótica, ha expresado preocupaciones sobre el uso potencial de datos biométricos con fines políticos, particularmente durante un año electoral. Montenegro afirma que solo el Registro Nacional de las Personas (RNP) posee la autoridad legal para gestionar información biométrica, lo cual genera dudas sobre la capacidad de CONATEL para implementar esta propuesta. Estas críticas destacan la inquietud acerca de la posible manipulación política de información sensible y la necesidad de asegurar la seguridad y privacidad de los ciudadanos.
En su defensa, el líder de CONATEL, Lorenzo Sauceda, ha justificado la disposición afirmando que es legítima, clara y compasiva. También ha rechazado que la autentificación biométrica tenga propósitos electorales y ha explicado que el proceso es administrado por las empresas de telecomunicaciones, en lugar de ser manejado por el gobierno directamente. Además, ha garantizado que no se está estableciendo una nueva base de datos estatal y que la información recopilada no será usada con fines diferentes a los especificados, buscando con esto despejar las incertidumbres sobre la gestión de los datos.
Visiones y próximos pasos en el diálogo sobre la autenticación biométrica
CONATEL ha sido llamada a presentarse ante la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana del Congreso Nacional el 28 de mayo de 2025. Su objetivo es clarificar las bases técnicas y legales de la autenticación biométrica. Esta reunión será crucial para tratar inquietudes sobre la privacidad, la legalidad y la transparencia del procedimiento, y podría afectar la continuidad o ajuste de la iniciativa.
La discusión pública se ha intensificado en las redes sociales y en los foros cívicos, donde numerosos individuos manifiestan su preocupación y desagrado sobre la potencial violación de su privacidad y la confusa aplicación de las medidas. Algunos han llegado a señalar que no seguirán el proceso de verificación, poniendo en duda la habilidad de las autoridades para suspender millones de líneas telefónicas sin ocasionar un impacto negativo significativo en las telecomunicaciones del país.
