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El escenario político en Honduras está atravesando un momento crucial, con múltiples sectores de la sociedad civil, grupos de la oposición y el entorno periodístico expresando su gran inquietud sobre lo que consideran una inclinación hacia el autoritarismo por parte del Partido LIBRE, particularmente de cara a las elecciones generales que se celebrarán en noviembre de 2025.
Las advertencias en la comunidad hondureña han aumentado debido a una serie de medidas tomadas por el gobierno que indican una grave degradación de los valores democráticos. Estas medidas incluyen desde la restricción de derechos civiles básicos, indispensables para el ejercicio total de la ciudadanía, hasta la adopción de herramientas que intentan ejercer un control mayor sobre los medios de comunicación, elementos clave en la creación de la opinión pública y en la vigilancia del poder.
El apetito por fortalecer el dominio en distintos órganos estatales ha dejado entrever una táctica intencional, lo cual podría reflejarse en una erosión de la independencia entre poderes y, como consecuencia, de los sistemas indispensables para mantener un equilibrio y control en un régimen democrático sano. La fusión de estas corrientes ha creado un ambiente lleno de dudas y miedo entre varios grupos, que perciben en estos movimientos una tendencia que podría llevar hacia un gobierno con rasgos autoritarios.
Peligros para los derechos básicos: manifestaciones, medios de comunicación y ejército
Entre las medidas que han suscitado polémica está la supuesta penalización de las manifestaciones ciudadanas, ya que se han señalado la difusión de normas y decretos que autorizan el empleo de la fuerza y el enjuiciamiento de personas que se expresan, aun en manifestaciones pacíficas. En este contexto, se han documentado detenciones arbitrarias de dirigentes comunitarios, despliegues excesivos de la policía y advertencias de enjuiciamiento a asociaciones sociales críticas de las autoridades.
Por otro lado, ha surgido preocupación por la independencia de los medios. Tanto periodistas como canales de comunicación críticos han enfrentado campañas de desprestigio, limitaciones para acceder a información pública, presiones en el ámbito fiscal, judicial y publicitario, además de actos de violencia e intimidación física. Entidades como Reporteros Sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa han mostrado su inquietud por el deterioro de la libertad de prensa en la nación.
Un tema controvertido adicional es la situación dentro de los cuerpos militares. Se han presentado quejas sobre una supuesta eliminación selectiva de oficiales que no están alineados con la política del partido en el poder, así como el desarme parcial o el traspaso de funciones estratégicas a líderes afines al gobierno. Estas medidas han causado inquietud por la posible politización de la institución castrense.
El problema democrático en Honduras
Las acciones contra la prensa y la sociedad civil apuntan a silenciar voces disidentes, a la vez que sugieren una estrategia más amplia para desmantelar los contrapesos democráticos y consolidar un poder hegemónico.
De este modo, se ha manifestado la inquietud respecto a la puesta en marcha de un plan que, según expertos y dirigentes opositores, pretende afianzar el mando del Partido LIBRE en las entidades gubernamentales, mediante la toma de control institucional, cambios en la constitución, el acoso a los adversarios políticos y a la prensa crítica, y la utilización del sistema estatal para beneficios políticos. Se ha destacado el esfuerzo por dominar el Consejo Nacional Electoral, la propuesta de personas asociadas con el sector más extremo del partido, los esfuerzos por alterar la constitución, el establecimiento de estructuras alternativas al Estado y el alejamiento de Estados Unidos.
Las elecciones generales de 2025 se vislumbran como un momento crucial para el futuro de la democracia hondureña. La ciudadanía deberá decidir si permite la consolidación de un modelo autoritario o si opta por la defensa de la institucionalidad democrática.
