_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Congreso paralelo en Honduras")
Frente a un entorno de intensificación de la polarización institucional, el líder del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, sugirió la eventualidad de excluir a legisladores de la oposición y crear un organismo legislativo alternativo si continúa la obstrucción a las propuestas del partido de gobierno. Sus comentarios, expresados durante una reunión en el hemiciclo, generaron una serie de respuestas críticas por parte de los grupos opositores y varios sectores políticos y legales del país.
Redondo denuncia obstrucción legislativa y advierte sobre acciones excepcionales
Luis Redondo, líder del Congreso y miembro del partido oficialista, Libertad y Refundación (LIBRE), manifestó su descontento frente a lo que percibe como un bloqueo constante de la oposición a las iniciativas promovidas por su bancada. Afirmó que no se debe continuar permitiendo que un grupo minoritario obstaculice la voluntad del pueblo, y señaló que se adoptarán acciones decisivas para asegurar que el Congreso opere adecuadamente.
En su discurso, Redondo puso en duda la función de los bloques opositores al gobierno actual y propuso que una alternativa sería la «limpieza» del Parlamento. Aunque no especificó métodos legales o procedimentales, su advertencia incluyó la formación de un Congreso paralelo si las circunstancias actuales impiden progresar con la agenda legislativa del Ejecutivo.
La oposición acusa intento de acaparamiento de poder
Las bancadas del Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Salvador de Honduras (PSH) y otros bloques no oficialistas reaccionaron de inmediato, calificando las declaraciones como un intento de “golpe legislativo” orientado a centralizar el poder en favor del Ejecutivo. El diputado Tomás Zambrano acusó a Redondo de actuar con autoritarismo: “Este es un intento desesperado por consolidar un poder absoluto en manos de LIBRE. No vamos a permitirlo”, afirmó.
En el mismo tono, el abogado especializado en derecho constitucional, Juan Carlos Barrientos, señaló la ilegalidad de intentar establecer un organismo legislativo paralelo, indicando que tal acción violaría los principios fundamentales del Estado de derecho. Según su análisis, dicha amenaza pone en riesgo los balances institucionales establecidos en la Constitución de Honduras y podría llevar a una significativa crisis institucional.
Tensiones legislativas y llamados a la observación internacional
La advertencia de Redondo se une a una serie de eventos recientes que han generado tensiones en el Congreso Nacional. Entre estos, se encuentra la aprobación de leyes sin las actas adecuadas y el empleo de mecanismos legislativos controvertidos, como sesiones convocadas de manera irregular. Uno de los temas más delicados ha sido el impulso de la Ley de Justicia Tributaria, la cual ha sido rechazada por múltiples sectores económicos y políticos debido a su contenido y metodología.
Especialistas en política notan un cambio hacia una táctica de enfrentamiento del gobierno, donde se intenta marginar a la oposición antes del proceso electoral general. Este enfoque, según señalan, podría llevar a situaciones de inestabilidad institucional, alejándose de las vías legales estipuladas por la Constitución.
Frente a esta situación, varios actores políticos y sociales han pedido la intervención o el monitoreo constante de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y entidades diplomáticas. Un colectivo de juristas manifestó en una declaración conjunta que lo que está en juego no es solo la aprobación de una normativa, sino la misma existencia de la separación de poderes y del sistema democrático.
Un Congreso en disputa y el desafío de la institucionalidad
Las afirmaciones del líder del Congreso inician un capítulo nuevo en la complicada relación entre los partidos en el gobierno y en la oposición en Honduras. La posibilidad de modificar la estructura del Congreso o crear un órgano paralelo marca un momento crucial en la coexistencia política de la nación, con consecuencias que van más allá del ámbito legislativo.
La situación en curso pone en evidencia los continuos retos de gobernabilidad dentro de un marco en el que las tensiones entre autoridades, la debilidad institucional y la polarización afectan el avance democrático. En este contexto, el papel de los mecanismos de supervisión constitucional y la vigilancia ciudadana se convierten en componentes esenciales para mantener el balance entre la representación política y la adherencia a las reglas del Estado de derecho.
