Consecuencias de cancelar incentivos fiscales en la economía local

La iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha creado un entorno de incertidumbre que impacta tanto a inversionistas locales como internacionales. Esta propuesta, promovida por el gobierno, ha llevado a detener inversiones significativas, a cancelar ampliaciones de negocios y a trasladar operaciones hacia otras naciones de Centroamérica, donde las normativas legales son vistas como más estables y confiables. La comunidad empresarial hondureña argumenta que los cambios fiscales abruptos y sin consenso con distintos sectores han generado un ambiente empresarial impredecible, lo cual dificulta la planificación estratégica y detiene proyectos de gran envergadura que son cruciales para el desarrollo continuo del país.

El sector productivo nacional advierte que la eliminación de exoneraciones e incentivos fiscales, contemplados en la ley, debilitaría uno de los pilares fundamentales de la economía hondureña. Los empresarios y analistas económicos coinciden en que la medida podría provocar una fuga de capitales, el retiro progresivo de inversiones y el deterioro del clima de negocios, afectando directamente la competitividad y la generación de empleo formal en sectores clave como la agroindustria, el turismo, la maquila, la construcción y la tecnología.

Efectos de la volatilidad fiscal sobre la inversión y el trabajo

Los cambios fiscales repentinos han provocado efectos inmediatos, como el traslado de operaciones a países cercanos, la paralización de inversiones en los sectores industrial, logístico y tecnológico, y la anulación de iniciativas energéticas, turísticas y agrícolas que podrían haber creado miles de empleos. Honduras ha visto una disminución en las clasificaciones de competitividad e inversión extranjera, lo que incrementa la percepción de que el país está enviando señales desfavorables al mercado global. Aunque el gobierno afirma que la normativa tiene como objetivo la equidad fiscal, expertos señalan que los costos ocultos de esta situación superarán a cualquier ingreso adicional previsto, puesto que el capital suele preferir lugares más seguros y acogedores.

Por su parte, suprimir los incentivos fiscales, que tradicionalmente se empleaban para captar inversión extranjera directa, lleva a un gradual retiro de recursos, la anulación de iniciativas de crecimiento empresarial y la falta de interés en nuevas inversiones internacionales. Este deterioro en el ambiente empresarial impacta especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que generan más del 70 % de los puestos de trabajo en el país y que tendrían que afrontar nuevas obligaciones fiscales sin apoyo técnico ni consulta con múltiples sectores.

Exhorto a una revisión fiscal equilibrada y consensuada

Ante esta situación, los sectores productivos han pedido al Congreso Nacional que no apruebe la ley tal como está y que inicie un diálogo técnico e inclusivo. Opinan que es esencial crear una reforma tributaria equilibrada que no dañe la inversión ni el empleo, sino que posicione a Honduras como un lugar fiable para invertir y generar oportunidades. La falta de estabilidad legal y normas claras ha sido señalada como el mayor impedimento para restablecer la confianza empresarial y atraer nuevos proyectos de desarrollo.

La amenaza de asfixiar al sector privado, en particular a las MIPYMES, es una preocupación significativa, dado que estas empresas son fundamentales para el empleo nacional. La implementación de nuevos impuestos sin un adecuado soporte técnico podría complicar todavía más la viabilidad de estos negocios y frenar la habilidad de Honduras para ser competitivo en la región. Por lo tanto, el país enfrenta un dilema entre establecerse como un destino atractivo para el capital o elegir un enfoque que limite la producción y la inversión.