.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Reforma fiscal en Honduras")
El debate en torno a la Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha provocado un acalorado intercambio de opiniones entre el sector privado, asociaciones empresariales y las autoridades del gobierno. La iniciativa de modificación fiscal, promovida por la administración actual, ha sido vista por los voceros empresariales como un riesgo evidente para la estabilidad del empleo y la continuidad de múltiples empresas en el país. La principal inquietud se centra en la eliminación de los estímulos fiscales que han sido esenciales para el desarrollo de sectores como la maquila, la agroexportación, el turismo y la construcción, lo cual, según los empresarios, podría llevar a una ola de cierres y despidos masivos, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.
La reforma anticipada no se circunscribe únicamente al sector empresarial, sino que también se extiende a la economía de los hogares y al tejido social en Honduras. Expertos y dirigentes sectoriales alertan que la disminución de la actividad económica y la posible partida de compañías podrían llevar a un incremento del desempleo estructural, un auge de la economía sumergida, un éxodo forzado y un desplome del consumo interno. Esta coyuntura se intensifica debido a la situación actual del país, donde más de un millón de personas están en busca de empleo decente y la informalidad laboral afecta a una proporción considerable de la población.
Consecuencias de suprimir beneficios tributarios y la amenaza al trabajo
La normativa de Equidad Fiscal incluye la remoción de esquemas de deducciones y beneficios tributarios, impactando a más de una decena de sectores económicos, tales como parques libres, turismo, energía alternativa y producción manufacturera. De acuerdo con cifras del ámbito empresarial, actualmente más de 400.000 trabajos directos y más de un millón de trabajos indirectos dependen de estos esquemas, especialmente en la cadena de abastecimiento y exportaciones agrícolas e industriales. La eliminación de estos estímulos podría causar el cierre de fábricas, talleres, comercios y propiedades tanto en áreas urbanas como rurales, dejando sin trabajo formal a miles de ciudadanos hondureños y elevando la presión sobre el mercado laboral informal.
El estudio realizado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) indica que la reforma tributaria tendría consecuencias desfavorables en áreas como el turismo, la manufactura y el sector agroindustrial. Por ejemplo, se prevé que la industria manufacturera podría perder 40.000 puestos de trabajo y más de 733 millones de dólares en exportaciones. En el ámbito del turismo, el impacto podría provocar la desaparición de miles de empleos tanto directos como indirectos, así como una reducción importante en la inversión y en los salarios. Asimismo, el incremento en los costos operativos, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, podría hacer que estas salgan del mercado, empeorando así la problemática del desempleo y subempleo en el país.
Impactos sociales y soluciones alternativas del ámbito privado
El efecto social de la reforma se prevé como irreversible, con el peligro de incrementar la pobreza, la migración forzada y la desconfianza tanto a nivel nacional como internacional. El aumento del sector informal y la disminución de empleos formales con beneficios de seguridad social podrían empeorar la calidad de vida y los ingresos fiscales, impactando a toda la sociedad hondureña. La inquietud de los empresarios se enfoca en el impacto en cadena sobre la estabilidad social, señalando que la eliminación de oportunidades laborales podría empobrecer aún más al país.
Ante este panorama, el sector privado ha propuesto alternativas, como la reducción del Impuesto sobre Ventas (ISV) del 15 % al 12 %, con el objetivo de dejar más dinero en los bolsillos de los hondureños, estimular la economía y generar empleo. Además, sugieren que en lugar de eliminar los incentivos para todos los sectores, se realicen inspecciones y fiscalizaciones a las empresas exentas de impuestos que incurran en irregularidades, aprovechando las facultades que ya otorga la legislación vigente. El sector empresarial insiste en la necesidad de diálogo y consulta con todos los actores productivos antes de aprobar una reforma que podría tener consecuencias irreversibles para el desarrollo económico y social del país.
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria sigue siendo acalorada, con urgentes llamados al Congreso Nacional para que examine detenidamente el texto de la ley y evite tomar decisiones que puedan agravar los problemas estructurales de Honduras, tales como el desempleo, la pobreza y la migración.
