.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Honduras")
La introducción del libro “El Golpe 28-J”, escrito por el exmandatario hondureño Manuel Zelaya Rosales, en el sistema educativo público ha generado un acalorado debate en Honduras acerca de la influencia política en la educación. Este libro, que relata la perspectiva de Zelaya sobre el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, se ha incluido en la Cátedra Morazánica, una materia de formación cívica, con el propósito declarado de preservar la memoria histórica y evitar la repetición de acontecimientos similares. No obstante, la producción y distribución de 100.000 copias por la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) ha despertado inquietud entre diferentes sectores sociales y educativos acerca de una posible politización del contenido escolar.
La controversia aumenta al hacerse una comparación con lo vivido en Venezuela, donde el Libro Azul de Hugo Chávez sirvió como herramienta ideológica en las instituciones educativas durante el fortalecimiento del proyecto bolivariano. En Honduras, ciertos críticos perciben en “El Golpe 28-J” un esfuerzo parecido de adoctrinamiento político, mientras que el gobierno argumenta que la obra es parte de un programa educativo sobre memoria histórica, con el objetivo de fomentar un aprendizaje crítico y basado en hechos comprobables.
Debate y temas en torno al Golpe del 28 de junio
El material titulado «El Golpe 28-J» se presenta como una obra histórica que explora el golpe de Estado ocurrido en 2009, el cual es visto a nivel internacional como una interrupción del orden constitucional, repudiado por entidades multilaterales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de las Naciones Unidas. El libro resalta la figura de Zelaya como víctima y mártir, mientras sus opositores son descritos como representantes de intereses ajenos. Esta interpretación ha sido criticada por grupos que opinan que el texto posee un marcado sesgo ideológico y que su incorporación en el plan de estudios podría comprometer la libertad de enseñanza y la imparcialidad educativa.
En un principio, se informó que el libro debía ser leído obligatoriamente en todos los niveles educativos básicos y medios. Sin embargo, la Secretaría de Educación posteriormente aclaró que no es un requisito imprescindible y que se respetará la autonomía docente. Esta aclaración tiene como objetivo responder a las críticas de los maestros y padres que demandan una educación libre de propaganda política, enfocada en valores democráticos y en el desarrollo del pensamiento crítico. No obstante, la orden oficial publicada en el diario La Gaceta y la impresión masiva del libro mantienen vigente el debate sobre el verdadero alcance de este mandato.
Respuestas de la sociedad y potenciales efectos políticos
Madres, profesores autónomos y portavoces de colegios privados han expresado su descontento ante la obligatoriedad de “El Golpe 28-J”, sosteniendo que la enseñanza debe ser imparcial y que imponer un libro con una perspectiva sesgada podría violar la constitución. Se ha indicado que esta acción podría restringir la autonomía educativa y obligar a los docentes a difundir una interpretación parcial de los acontecimientos recientes.
Expertos en política proponen que la inclusión de este texto en el ámbito educativo podría ser parte de un plan para crear un entorno cultural y social propicio para transformaciones políticas de gran envergadura, como la posible convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, semejante a lo que sucedió en Venezuela en 1999 después de la difusión del Libro Azul. Esta lectura se fundamenta en la noción de que dominar el relato histórico y moldear las ideas de las futuras generaciones son movimientos iniciales para afianzar proyectos políticos sostenibles en el tiempo.
El oficialismo, por su lado, justifica la incorporación de “El Golpe 28-J” argumentando que se trata de un acto de responsabilidad histórica y un compromiso con la veracidad, subrayando la importancia de que las nuevas generaciones comprendan los acontecimientos del golpe y sus ramificaciones. Desde este punto de vista, instruir acerca del pasado no debe verse como venganza, sino como una forma de prevenir que tales eventos se repitan.
De esta manera, la inclusión de “El Golpe 28-J” en el programa educativo hondureño demuestra una clara división social y política respecto al papel de la enseñanza en la formación de los ciudadanos y la preservación de la memoria histórica. La discrepancia entre la autonomía docente y la difusión de una versión oficial ilustra los retos que enfrenta Honduras en su camino hacia la reconciliación y el desarrollo democrático.
