_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "CNE y Fuerzas Armadas")
La confianza en las Fuerzas Armadas de Honduras como custodios del proceso electoral ha sido tema de acalorada discusión pública después de las primarias realizadas el 9 de marzo de 2025. Diferentes grupos sociales y partidos de oposición han expresado su inquietud debido a diversas irregularidades logísticas, especialmente respecto a la distribución del material electoral en ciudades importantes como Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hubo retrasos de hasta doce horas en la entrega de las maletas electorales. Esta situación provocó largas colas de votantes, manifestaciones ciudadanas y un ambiente de descontento generalizado, observado tanto en los centros de votación como en las redes sociales, donde circularon imágenes y testimonios sobre la falta de material y la limitada presencia de personal en las mesas receptoras.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) admitió públicamente los problemas en la distribución, señalando que fueron causados por alteraciones de última hora en los medios de transporte, al cambiar de camiones a autobuses, lo cual impactó la organización y el cumplimiento del calendario. A pesar de los intentos del CNE por manejar la situación y encontrar urnas perdidas, el malestar persistió, particularmente en la capital, donde al ampliar el horario de votación no se logró cumplir con las expectativas de los ciudadanos que esperaban ejercer su derecho al voto.
Preguntas sobre el papel de las fuerzas militares en las elecciones
En este contexto, las Fuerzas Armadas reafirmaron su compromiso con la democracia y la transparencia electoral, asegurando que cumplirían con el cronograma definido por el CNE. El Gobierno, por su parte, brindó un respaldo unánime a la institución militar, destacando su papel en la seguridad y la logística electoral. Sin embargo, la presidenta del CNE, Cossette López, señaló que las Fuerzas Armadas no asumieron su responsabilidad en los retrasos y denunció incidentes de agresiones verbales por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández. Esta tensión institucional entre el CNE y las Fuerzas Armadas incrementó la preocupación sobre la imparcialidad y eficiencia del proceso electoral previsto para noviembre de 2025.
El marco legal de Honduras, en particular el artículo 272 de la Constitución, asigna a las Fuerzas Armadas la tarea de asegurar la alternancia en el poder y de custodiar, transportar y vigilar los materiales electorales, en colaboración con el CNE. No obstante, hay restricciones claras para los miembros de las Fuerzas Armadas, como intervenir en las funciones de las Juntas Receptoras de Votos, influir en el sentido del voto, involucrarse en actividades partidarias, o retrasar sin motivo el traslado del material electoral. A pesar de estas limitaciones, la estructura institucional actual coloca a los militares como guardianes de la democracia, una situación poco común a nivel internacional y que, según ciertos análisis, refleja la fragilidad y baja calidad democrática del país.
Iniciativas de cambio y discusión sobre el rol de las fuerzas armadas
Frente a los acontecimientos recientes, se han intensificado las iniciativas para reformar la constitución con el fin de reducir o eliminar el papel de las Fuerzas Armadas en los comicios. El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos ha propuesto transferir las funciones electorales a organismos civiles, sosteniendo que los procesos deben ser gestionados solo por estas entidades. Asimismo, el legislador Ramón Barrios del Partido Libertad y Refundación (Libre) presentó una propuesta para modificar el artículo 272 de la Constitución. Esta propuesta busca limitar la intervención militar en asuntos electorales y fortalecer la estructura civil. No obstante, esta medida ha suscitado opiniones divididas, incluso en su propio partido y entre grupos opositores, que ven la propuesta como un posible intento del oficialismo de acumular poder.
La discusión acerca de la implicación militar en los comicios ha crecido debido a la percepción de que la independencia del CNE podría estar comprometida y por el pasado de intervenciones de las fuerzas armadas en la política de Honduras. Entidades como el Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) han propuesto que la reforma del artículo 272 debería incluir una redefinición más extensiva de las funciones de las Fuerzas Armadas, clarificando sus atribuciones y reforzando el control civil sobre esta institución castrense. Las sugerencias también abarcan el fortalecimiento del Ministerio de Defensa y la evaluación de la Comisión Legislativa de Defensa Nacional, con la meta de avanzar hacia un manejo democrático sólido y disminuir la presencia militar en el ámbito político.
La discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en las elecciones de Honduras continúa siendo un tema central en la agenda política, con llamados a reformas que aseguren la independencia y transparencia del proceso electoral. La confianza en la integridad del sistema electoral es considerada fundamental para la estabilidad democrática del país y el debate actual refleja la necesidad de fortalecer las instituciones civiles y garantizar elecciones libres y transparentes.
