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El asunto relacionado con Koriun Inversiones ha suscitado un gran debate en Honduras, tras la revelación de un esquema Ponzi que perjudicó a más de 35.000 personas. La declaración del congresista Edgardo «Chele» Castro ha centrado la discusión en torno a la posible cobertura política y judicial que facilitó la operación anormal de la compañía.
La participación de las autoridades, la garantía de recursos y la respuesta de los inversionistas han mostrado una crisis de confianza en el sistema financiero del país. La investigación sigue en curso, mientras se plantean dudas sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos y la efectividad de los mecanismos regulatorios.
Esquema Ponzi y funcionamiento irregular de Koriun Inversiones
Koriun Inversiones funcionaba mediante un esquema Ponzi, que se basa en utilizar fondos de nuevos aportantes para abonar rendimientos a los más antiguos, sin obtener beneficios genuinos. La compañía garantizaba un retorno del 5 % semanal, lo cual representaba un 20 % mensual, prometiendo a los inversores la devolución de su capital en un plazo de cinco meses. No obstante, la viabilidad del sistema requería la incorporación constante de nuevos participantes, lo que eventualmente resultó en su quiebre y en significativas pérdidas financieras para miles de personas.
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) confirmó que Koriun Inversiones no contaba con autorización para operar como entidad financiera. Durante las inspecciones realizadas en diferentes sucursales y viviendas de administradores, se hallaron grandes sumas de dinero en efectivo, almacenadas de forma informal en cajas y bolsas. Además, se identificaron movimientos financieros significativos, incluyendo el retiro de 400 mil dólares por parte de ciudadanos estadounidenses asociados con el inicio del esquema fraudulento en 2017.
Alegaciones sobre salvaguardias políticas y quiebras de confianza
El legislador Edgardo Castro indicó que la actividad de Koriun Inversiones fue viable debido al respaldo de personalidades políticas, fiscales y empleados gubernamentales. Castro criticó la ausencia de respuesta rápida de las entidades supervisoras y demandó una indagación profunda para establecer quiénes facilitaron o consintieron el engaño. Asimismo, se mencionó la intervención de alcaldes que promovieron la compañía y la pasividad de fiscales frente a advertencias iniciales.
El cierre de Koriun Inversiones generó manifestaciones por parte de los afectados, quienes demandaron la restitución de sus fondos y expresaron su preocupación por la posible pérdida de su capital. La CNBS ordenó asegurar los recursos y devolverlos a los inversionistas en la medida de lo posible, aunque se espera que el proceso sea complicado y extenso. Este caso ha revelado la fragilidad de los ciudadanos ante esquemas financieros sin regulación y la necesidad de mejorar los mecanismos de supervisión y protección en el sector financiero de Honduras.
