_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Violencia política de género en Honduras")
En Honduras, varias diputadas de diferentes partidos políticos han denunciado públicamente una serie de abusos, agresiones verbales y violencia política de género dentro del Congreso Nacional. Estas denuncias reflejan un ambiente hostil donde las legisladoras enfrentan intimidaciones y minimizaciones por su condición de mujeres, especialmente cuando expresan posturas críticas o toman la palabra en debates legislativos. Estas situaciones han generado un debate en torno al respeto y la igualdad en los espacios de poder, poniendo en evidencia la persistencia de comportamientos misóginos y lenguaje violento en el hemiciclo.
Las denuncias también señalan que estas conductas se han intensificado en el marco de discusiones polémicas, como las relacionadas con la Ley de Justicia Tributaria y la reestructuración del Poder Judicial. A pesar de la gravedad de estas situaciones, las autoridades del Congreso no habrían aplicado sanciones disciplinarias contra los responsables, lo que contribuye a la normalización de la violencia política de género. Frente a esta realidad, las diputadas han exigido medidas concretas para garantizar su integridad y el respeto a su labor legislativa.
Ambiente institucional en el Congreso Nacional y violencia política de género
Las legisladoras han expresado que en el Congreso Nacional se replican comportamientos que van desde insultos verbales hasta intentos de agresión física, lo cual evidencia un patrón de violencia política de género. Esta situación impacta la participación total y activa de las mujeres en el proceso legislativo, creando un entorno de intimidación y exclusión.
La violencia política de género se manifiesta principalmente durante debates intensos, cuando las legisladoras adoptan posturas críticas frente al gobierno. Esta situación no solo afecta los derechos de las mujeres en el parlamento, sino que también pone en peligro la calidad de la democracia, al restringir la variedad de opiniones y voces en el proceso de decisión. La falta de protocolos específicos para tratar estos casos en el Congreso contribuye a mantener esta problemática.
Apoyo social e institucional y peticiones de las legisladoras
Diversos sectores de la sociedad civil, junto con organismos internacionales como ONU Mujeres y la Red de Parlamentarias de América Latina, han expresado su apoyo a las diputadas afectadas y han solicitado al Estado hondureño garantizar condiciones de igualdad y seguridad para todas las legisladoras. Estas organizaciones han subrayado la necesidad de implementar sanciones disciplinarias inmediatas contra quienes cometen actos de violencia política, así como la creación de protocolos específicos para prevenir y atender estas situaciones en el ámbito legislativo.
Las legisladoras han expresado que continuarán esforzándose para ser atendidas y valoradas, subrayando que su papel es representar al pueblo y no ser blanco de hostigamiento o abuso. Entre sus reclamaciones está el desarrollo de medidas concretas para salvaguardar su seguridad, el reconocimiento total de su labor legislativa y la eliminación de cualquier tipo de violencia política de género en el Congreso Nacional. Consideran estas medidas vitales para robustecer la democracia y asegurar la participación equitativa de las mujeres en la política de Honduras.
