El consejo de administración de RTVE ha retomado este miércoles, tras una frenética ronda de negociaciones políticas, la reunión que quedó ayer interrumpida al no lograr elegir un nuevo presidente de la corporación tras la destitución de Elena Sánchez, que accedió al cargo hace año y medio. Su salida, que se produjo poco después de que el consejo destituyera al director de contenidos generales, José Pablo López, corona una guerra abierta entre la presidenta interina y el comité de dirección. Fuentes de la corporación afirman que en los últimos meses “se ha producido un deterioro brutal de las relaciones”. El punto culminante de esta crisis interna ha sido el plan para contratar a David Broncano para emitir en La 1 el programa La resistencia, actualmente en Movistar +.
Durante la tarde de ayer se desarrolló una intensa actividad negociadora para desbloquear la situación y llegar a la reunión de hoy con una propuesta viable. Una parte de los consejeros consideraba que la presidencia de RTVE debía recaer en un representante de la mayoría progresista que apoya al Gobierno. La presión estaba en conseguir que José Manuel Martin Medem, elegido en su día por Unidas Podemos pero que va por libre (fue el único que respaldó a Elena Sánchez en la votación que decidía su destitución), apoyara la candidatura de Concepción Cascajosa, que preside el Observatorio de Igualdad de RTVE y que cuenta con el respaldo del Gobierno de coalición.
Nacida en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en 1979, Cascajosa es doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla. Profesora titular de Comunicación Audiovisual en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, ha sido directora del Máster en Guion de Cine y TV y vicedecana de los Estudios de Periodismo y Comunicación Audiovisual. Es autora o editora de nueve libros y un centenar de publicaciones académicas.
Los vocales del PP, a su vez, apostaron en un principio por apoyar a Ramón Colom, que en ocasiones ha sido crítico con las decisiones del resto de consejeros avalados por los socialistas, y consideraron también la opción de Juan José Baños, representante del PNV. Contra ambos pesa que justamente este mes caduca su mandato. A diferencia del resto de los vocales, Colom y Baños, junto a los tres representantes del PP, deben ser renovados a los tres años en el cargo frente a los seis años de duración en el cargo del resto de integrantes. Fuentes de la corporación consideran que “no sería lógico” que ocuparan la presidencia consejeros cuyo mandato ha expirado legalmente, pese a que mientras no sean sustituidos siguen formando parte del organismo con todas sus funciones. En la reunión, el consejo tiene también sobre la mesa que la presidencia sea rotatoria por períodos de tres o cuatro meses.
Con la elección de un nuevo presidente se parchea una crisis cuyo detonante ha sido una batalla por el modelo de gestión entre Sánchez y la mayor parte de su cúpula directiva, particularmente con López. En la sesión del martes, este fue acusado de ser el “cabecilla” de los directivos “amotinados”. Algunos miembros del consejo solicitaron su comparecencia para que pudiera defenderse de las acusaciones, pero finalmente no fue requerido para dar su versión. La alta dirección, a excepción de Verónica Ollé, jefa del Gabinete de Sánchez, consideró que había sido traicionada por la presidenta al no respaldar en el consejo el contrato de Broncano, avalado por la mayoría de los miembros del comité de dirección.
En la sesión de este miércoles se evaluarán varios contratos de programas de TVE, entre ellos el de Broncano, y se analizará la consolidación de las cuentas de 2023. Para el actual ejercicio, la compañía había previsto un presupuesto de 1.430 millones de euros, que contempla un incremento de 130 millones para la producción de contenidos en los centros de Cataluña y Canarias y para hacer frente a los gastos de los Juegos Olímpicos de París y la Eurocopa. El hecho de que los Presupuestos Generales del Estados estén prorrogados impide a RTVE contar con estos fondos. Para cubrir los compromisos deportivos, el Gobierno tendrá que aprobar una partida extraordinaria de al menos 111 millones, según fuentes de la compañía.
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