El general de división Roosevelt Hernández, quien es el líder del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, ha provocado un acalorado debate dentro del ámbito político y social del país. Designado en diciembre de 2023, su administración y comentarios han generado fuertes cuestionamientos que lo asocian con un posible sesgo político de la institución militar y una preocupación por la autonomía de los poderes del Estado.
Un soldado con amplia experiencia y educación
Originario de Choluteca y nacido en 1968, Roosevelt Hernández proviene de una familia con una larga historia en las Fuerzas Armadas de Honduras. Su trayectoria se distingue por una robusta educación en ciencias militares y gestión empresarial, lo cual lo ha posicionado como uno de los oficiales de mayor jerarquía en el país. Desde su designación como jefe del Estado Mayor Conjunto el 11 de diciembre de 2023, ha desempeñado un papel prominente en las decisiones estratégicas de las Fuerzas Armadas.
Declaraciones y reacciones en el centro de la controversia
Uno de los eventos más controvertidos de su trayectoria ocurrió durante una entrevista el 20 de junio de 2025, cuando expresó que las Fuerzas Armadas «son herramienta del poder político». Esta declaración provocó una ola de críticas y denuncias en su contra, principalmente por ir en contra del Artículo 272 de la Constitución de Honduras, el cual establece que las Fuerzas Armadas deben ser «apolíticas, obedientes y no deliberantes». Según varios sectores de la oposición y colectivos de la sociedad civil, este comentario refleja una peligrosa alineación de los militares con el poder ejecutivo, minando la imparcialidad esperada de las instituciones armadas en un sistema democrático.
Conflictos con organizaciones e instituciones mediáticas
El general Hernández no ha escatimado en confrontaciones públicas. En marzo de 2025, protagonizó un altercado con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Cossette López, acusándola de difamar a los militares, lo que provocó una interrupción de una reunión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Del mismo modo, su postura frente a los medios de comunicación también ha sido objeto de controversia, ya que, en junio de 2025, fue señalado por intimidar a periodistas y promover denuncias judiciales por difamación contra los medios que informaban sobre su gestión. La reacción del general ante las críticas ha intensificado los cuestionamientos sobre la libertad de prensa en el país, un tema especialmente sensible en un contexto donde la independencia de los medios es crucial para el fortalecimiento de la democracia.
Opiniones y respuestas de la comunidad
El accionar de Hernández ha generado una creciente preocupación entre diversos sectores de la sociedad hondureña. Defensores de derechos humanos y figuras políticas de oposición han exigido su destitución, acusándolo de actuar como parte de un proyecto de «subordinación política» de las Fuerzas Armadas al poder ejecutivo. Especialmente se ha criticado su presencia en sesiones del CNE, un órgano cuya función debe mantenerse libre de influencias militares, y su presunta implicación en retrasos en la entrega de materiales electorales en las primarias de 2025. Estas acciones, según sus detractores, minan la confianza en la neutralidad de las instituciones del Estado y podrían comprometer la legitimidad del proceso electoral.
División y obstáculos para las Fuerzas Armadas
A pesar de las críticas y de los llamados a su destitución, Hernández sigue en el cargo, defendiendo que las Fuerzas Armadas actúan dentro del marco legal y están dispuestas a enfrentar judicialmente a sus críticos. Sin embargo, su permanencia al frente de la institución refleja una creciente polarización en el país respecto al papel de los militares en la política.
Aunque algunos lo consideran un protector de la institucionalidad y el orden, otros interpretan sus acciones como una muestra de la creciente influencia política en las Fuerzas Armadas. Esta situación refleja los desafíos institucionales que enfrenta Honduras para asegurar que sus fuerzas armadas no sean vistas como dependientes del poder político, sino como una base esencial para la estabilidad del país.
