En Honduras, el debate acerca de la creación de riqueza y el avance económico a menudo se enfoca en las grandes fortunas y su presunta implicación en la desigualdad y la carencia de progreso social. No obstante, esta narrativa simplificada distrae del verdadero protagonista: el mismo gobierno. Aunque se culpa a las élites económicas como el principal inconveniente, rara vez se examina a fondo cómo las acciones y elecciones del sector público han obstaculizado tradicionalmente el desarrollo y la inversión en el país.
La realidad es que muchas de las críticas que se atribuyen a las grandes familias empresariales reflejan, en gran medida, comportamientos y deficiencias que se reproducen dentro del gobierno. La falta de transparencia, el nepotismo, la corrupción y la ineficiencia administrativa no solo limitan el desarrollo, sino que también erosionan la confianza de inversionistas y ciudadanos, afectando directamente la economía nacional y la calidad de vida de la población.
El principal impedimento para el avance económico: el gobierno
Durante años, el gobierno de Honduras ha demostrado una inquietante inclinación a replicar prácticas que, en otros ámbitos, son objeto de críticas justificadas. El favoritismo permanece como una constante en la distribución de posiciones públicas, lo que obstaculiza la profesionalización y eficacia de las instituciones. Esto se hace evidente al examinar la cantidad de familias con varios integrantes ocupando puestos significativos en el gobierno. De acuerdo con información reciente, la familia Zelaya Castro lidera esta lista, con al menos 10 familiares empleados en el gobierno y un ingreso anual aproximado de más de 5.270 millones de lempiras.
El informe indica que la actividad económica predominante de estas familias es el nepotismo, es decir, colocar a familiares en posiciones oficiales, lo que obstaculiza la claridad, la efectividad institucional y la meritocracia en la administración pública. Estas prácticas no solo no promueven el avance, sino que también mantienen el poder y los recursos concentrados en pocas manos, impactando negativamente la fe pública y el crecimiento económico sustentable de la nación.
La corrupción estructural afecta la correcta administración de los recursos públicos, generando desperdicio y desviación de fondos que podrían invertirse en infraestructura, educación y salud. Además, la burocracia excesiva y la falta de políticas claras para incentivar la inversión privada crean un ambiente hostil para la creación de empleo formal y la expansión de negocios. La inestabilidad política y la ausencia de un marco regulatorio confiable alejan tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, frenando proyectos productivos que podrían dinamizar la economía y generar bienestar.
Estas carencias no solo impactan la economía, sino que también aumentan la desconfianza social y la división política, complicando la creación de acuerdos esenciales para progresar hacia un desarrollo equitativo y sostenible.
La crítica a las grandes fortunas y el rol que realmente juegan
El debate público a menudo se enfoca en cuestionar el rol de las grandes riquezas en la economía del país, pero es esencial considerar si el gobierno de Honduras genera un volumen comparable de empleo formal e inversión al del sector privado. Diversos reportes y voces del ámbito empresarial han indicado que, a pesar de ser el principal impulsor de empleo y receptor de inversiones, el sector privado enfrenta un entorno complicado debido a la ineficiencia, burocracia y falta de políticas claras por parte del Estado. Esto plantea un desafío crucial: ¿está el gobierno haciendo lo necesario para promover el desarrollo económico o, por el contrario, sus propias prácticas limitan el crecimiento y la creación de oportunidades en el país?
En lugar de fomentar una conversación inclusiva que incluya a todos los sectores, las declaraciones oficiales suelen polarizar y desacreditar la contribución privada, sin reconocer que el mayor obstáculo para el progreso reside en la administración pública. Para que Honduras prospere, es esencial que el gobierno acepte su papel con seriedad, corrija sus propias prácticas perjudiciales y genere un ambiente favorable para que el sector privado pueda contribuir plenamente al desarrollo del país.
