El juicio de la trama Púnica, que involucra a destacados políticos del Partido Popular (PP) en la Comunidad de Madrid, ha revelado nuevos detalles sobre las presiones sufridas por empresarios vinculados al caso. Durante la reanudación de las audiencias en la Audiencia Nacional, se escuchó la declaración de José Luis Huerta, empresario fallecido y dueño de la empresa Waiter Music, quien organizó eventos para el PP entre 2004 y 2013 sin recibir pago alguno «por miedo» a represalias de los implicados en esta red de corrupción.
Huerta, amigo cercano del exconsejero y exalcalde de Valdemoro Francisco Granados, aseguró que fue adjudicatario de actos y espectáculos en municipios madrileños gobernados por el PP. Según su testimonio, los alcaldes de estos municipios acumulaban deudas con su empresa y él no se atrevía a exigir los pagos por temor a quedar excluido de futuras contrataciones. Este patrón, explicó, se repetía constantemente e incluía fiestas y mítines electorales, sumando deudas de entre 50,000 y 60,000 euros.
Entre los acusados sobresale Francisco Granados, imputado por prevaricación y fraude en los procesos de contratación. Huerta indicó que Granados, pese a asumir el cargo de consejero en 2003, continuaba manteniendo una notable influencia política en Valdemoro. Según relató José Luis Huerta en su declaración, cuando él hacía acto de presencia, los concejales solían comentar que había llegado el jefe.
El empresario relató que los servicios prestados para eventos políticos del PP eran cargados a las arcas municipales, lo que incrementó la deuda de los Ayuntamiento. Uno de los casos más notorios fue un mitin electoral celebrado en Algete en 2008 al que asistió Rodrigo Rato, exvicepresidente del Gobierno. Tras reclamar los pagos, Huerta aseguró que solo recibió evasivas. Según relató, «Granados me decía que no había dinero y que debía considerar que ya estaba suficientemente compensado con las contrataciones de las fiestas».
La Fiscalía ha pedido imponer una condena de seis años de cárcel a Francisco Granados, así como penas que oscilan entre dos y cuatro años para varios exalcaldes encausados, entre ellos José Miguel Moreno, exalcalde de Valdemoro, y Esteban Parro, exsenador y antiguo regidor de Móstoles. La relación de acusados incorpora además a otros exalcaldes de localidades como Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, señalados por presuntos delitos de prevaricación y malversación.
Este juicio, que se centra en una presunta financiación irregular del PP mediante contratos fraudulentos a eventos, continúa profundizando en las prácticas corruptas de una de las redes más amplias de corrupción política en España.
Procedencia: The Objective ([https://theobjective.com/espana/tribunales/2026-04-21/empresario-monto-actos-pp/])
