_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Tensión política en Honduras")
El partido Libertad y Refundación (LIBRE), en el poder desde 2022, enfrenta nuevas acusaciones por impulsar reformas estructurales de alto impacto sin procesos amplios de consulta ni transparencia legislativa. Las críticas surgen en medio de un contexto de creciente tensión política e institucional, donde distintos sectores cuestionan el rumbo adoptado por el oficialismo para avanzar su agenda.
Dudas sobre las prácticas legislativas del partido gobernante
Varias voces del sector político, empresarial y de la sociedad civil han manifestado su inquietud debido a lo que perciben como una táctica de imposición legislativa del partido gobernante. Con la guía de la presidenta Xiomara Castro y protagonistas como Héctor Zelaya y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, el partido LIBRE ha sido acusado de emplear métodos que supuestamente evitan el correcto procedimiento en el parlamento.
Un caso bastante polémico está relacionado con la Ley de Justicia Tributaria, un proyecto de ley que posee repercusiones importantes en el ámbito fiscal. De acuerdo con las acusaciones, esta disposición ha progresado sin informes técnicos disponibles al público ni un proceso extensivo de consulta con los sectores interesados. También se señala la posibilidad de que la propuesta sea aprobada en encuentros acelerados, sin la confirmación formal de las actas legislativas pertinentes.
El uso poco claro de estos procedimientos ha sido considerado por expertos como un peligro para la democracia institucional. Un analista experto en derecho constitucional consultado mencionó que recurrir a métodos «dudosos, e incluso ilegales» para implementar cambios profundos sin apoyo político o técnico constituye una amenaza directa al Estado de derecho.
Respuestas del ámbito privado y de los partidos políticos en oposición
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) ha expresado su inquietud sobre estas acciones, señalando que podrían socavar la confianza en el ambiente de inversión, tanto a nivel nacional como internacional. En una etapa donde Honduras se enfrenta a retos económicos como el desempleo y la falta de crecimiento, los empresarios opinan que este tipo de medidas legislativas podría intensificar la incertidumbre económica.
Desde el sector parlamentario contrario también se han reportado anomalías. Legisladores opositores afirman que se han publicado leyes en el boletín oficial La Gaceta sin seguir los procedimientos requeridos, como la validación formal de las actas legislativas. Esto, de acuerdo con sus manifestaciones, infringe el principio de legalidad que regula las acciones del Congreso y pone en riesgo la validez de las reformas realizadas bajo esas circunstancias.
El aumento de las fricciones entre el gobierno y la oposición, junto con la separación de sectores importantes como el empresarial y las organizaciones civiles, muestra un incremento de la división en la gestión del poder legislativo, donde las interacciones políticas han sido sustituidas por enfrentamientos.
Crisis institucional y papel de la ciudadanía
El contexto presente suscita dudas acerca de la solidez del sistema democrático en Honduras. La manera de manejar las reformas en las leyes exhibe continuas tensiones entre la intención del oficialismo de impulsar un cambio estructural y el reclamo de legalidad, transparencia y participación manifestado por diversos actores políticos y sociales.
La presión ejercida por la sociedad civil organizada, junto con el examen continuo por parte de los medios de comunicación y observadores institucionales, se destacan como aspectos fundamentales para contener acciones legislativas que puedan amenazar la democracia. La carencia de acuerdos en reformas significativas no solo incrementa la desconfianza en las instituciones, sino que también compromete la gobernabilidad en una nación caracterizada por la debilidad institucional y la histórica falta de unidad entre los poderes del Estado.
En este contexto, Honduras enfrenta el reto de consolidar mecanismos de deliberación y control parlamentario que garanticen la legalidad de sus procesos y la inclusión de los sectores sociales afectados por las políticas públicas, especialmente cuando se trata de reformas que impactan el modelo fiscal y económico del país.
