Estado de excepción en Honduras: críticas y preocupaciones en el Congreso

En Honduras, la declaración de estado de excepción ha generado una intensa polémica recientemente. La diputada Maribel Espinoza, quien forma parte de la oposición, ha manifestado su preocupación por la dirección en que se ha efectuado esta medida, la cual fue inicialmente concebida para enfrentar la delincuencia. Según sus afirmaciones, el régimen se está aplicando de tal forma que cuestiona las garantías constitucionales y podría utilizarse como herramienta para perseguir a los sectores críticos del gobierno.

Espinoza reportó que algunas medidas llevadas a cabo bajo el paraguas del estado de excepción afectan derechos civiles. Por ejemplo, mencionó el allanamiento sin autorización judicial en el hogar del general retirado Romeo Vásquez Velásquez, un evento que, según afirmó, demuestra el uso arbitrario del poder y la ausencia de controles institucionales. Para la representante, este tipo de prácticas podría convertirse en una peligrosa habituación a conductas autoritarias si no se establecen límites al decreto actual.

Críticas al Ministerio Público y riesgos jurídicos

La legisladora criticó igualmente el desempeño del Ministerio Público, pues considera que no está asegurando imparcialidad ni respeto al debido proceso al implementar las medidas excepcionales. Desde su perspectiva, esto produce un clima de incertidumbre jurídica que impacta no solo a personas prominentes, sino a cualquier persona que pueda enfrentarse a decisiones arbitrarias.

Considerando el contexto actual, Espinoza exhortó al Congreso Nacional a examinar de manera exhaustiva la validez de continuar con el estado de excepción, utilizando como único criterio las responsabilidades por las que fueron escogidos mediante el sufragio y no sus filiaciones partidistas. Manifestó que prolongar esta disposición podría responder a intereses políticos que intentan fortalecer el control del gobierno al restringir las libertades civiles. Asimismo, subrayó que la seguridad pública no debe ser justificación para minar el Estado de derecho ni para limitar la participación democrática.

Opiniones en el Congreso Nacional y discusión sobre el futuro

Las observaciones de Espinoza se unen a las opiniones de distintos grupos que piden más claridad en la implementación de esta política. A pesar de que se ideó como una solución frente a la violencia, hay una percepción creciente de que se emplea para acallar las voces críticas. La discusión sobre su permanencia continúa en el Congreso y entre los ciudadanos, quienes solicitan un balance entre la seguridad y el respeto por los derechos básicos.