_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Estado de excepción en Honduras")
Más de dieciocho meses después de que el Gobierno de Xiomara Castro implementara el estado de excepción, la violencia y el crimen en Honduras continúan sin una reducción constante, lo que ha avivado la discusión sobre la eficacia de esta política dentro del marco de la seguridad del país.
Desde que fue aprobado en diciembre de 2022, el estado de excepción se propuso como una solución rápida para afrontar el control territorial ejercido por maras y pandillas en áreas urbanas y rurales. No obstante, su aplicación constante por más de 18 meses junto con las sucesivas extensiones no han conseguido frenar acontecimientos como la extorsión, los homicidios y otras formas de violencia que impactan directamente en sectores estratégicos de la economía y la vida diaria.
Continuidad del crimen y opiniones de los ciudadanos
Diferentes reportes de entidades sociales y estadísticas de la policía están de acuerdo en que las bandas criminales continúan funcionando con gran poder de intimidación, sobre todo en áreas estratégicas del norte y centro del país. Tiendas, conductores y habitantes siguen reportando extorsiones, intimidaciones y homicidios en regiones donde el gobierno sostiene presencia tanto militar como policial bajo el régimen de excepción.
Dirigentes comunitarios, como uno consultado en Tegucigalpa, han expresado que “la población sigue aterrada” y que no se perciben mejoras sustanciales en la seguridad. Estas voces advierten que la delincuencia mantiene el control en barrios enteros, mientras que las autoridades presentan cifras que no reflejan la realidad en las calles, lo que ha alimentado la desconfianza pública.
Preguntas sobre la estrategia del gobierno
La declaración de estado de emergencia se ideó como una respuesta excepcional al crimen organizado, proporcionando poderes especiales para la actuación de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, su aplicación ha sido cuestionada debido a su extensión prolongada y la falta de un plan completo.
Reportes del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y de entidades internacionales han indicado un aumento en las quejas por detenciones arbitrarias y transgresiones a derechos esenciales. Al mismo tiempo, especialistas en seguridad alertan que la militarización sin un enfoque estratégico no ha producido resultados duraderos ni ha debilitado las organizaciones delictivas.
La reacción del Estado ha sido más autoritaria que táctica, comentó un experto en seguridad, quien opina que no se ha conseguido establecer un modelo de intervención basado en la prevención, la justicia y la colaboración institucional.
Demandas por una estrategia completa de seguridad
Dada la prolongación del estado de emergencia y la continua presencia de la extorsión, uno de los crímenes que más afecta a la economía informal, al transporte público y a la estabilidad de las comunidades, varios sectores han pedido un análisis técnico de la política de seguridad vigente.
Las acusaciones de extorsión continúan incrementándose y, aunque ocasionalmente se realizan arrestos de presuntos líderes, tales medidas no han logrado un efecto disuasorio prolongado. De acuerdo con relatos obtenidos en la prensa local, muchas víctimas prefieren guardar silencio o trasladarse debido a la carencia de medidas de protección adecuadas.
El ámbito empresarial ha manifestado inquietud por la ausencia de resultados tangibles y ha solicitado una revisión del enfoque en materia de seguridad, involucrando a expertos en justicia, asociaciones civiles y colaboración internacional. “Honduras no requiere más espectáculos en los medios. Requiere resultados auténticos”, afirmó un vocero del ámbito empresarial, pidiendo claridad y responsabilidad sobre el empleo de medidas extraordinarias.
Retos para la institucionalidad en un entorno de violencia continua
La prolongación del estado de excepción sin un balance público de su efectividad evidencia tensiones entre la urgencia por controlar la violencia y la necesidad de respetar el orden democrático y los derechos fundamentales. En un país marcado por la fragilidad institucional y una profunda desconfianza hacia las autoridades, el enfoque en la seguridad sigue siendo un punto de fricción entre el Gobierno, los sectores sociales y la ciudadanía.
El reto principal al que se enfrenta el gobierno de Xiomara Castro es hallar una solución perdurable que una el control del crimen con una política pública completa, legítima y con participación inclusiva. Por otro lado, la persistencia de la violencia y la sensación de inseguridad mantienen preocupada a una ciudadanía que sigue aguardando respuestas eficientes y sostenibles.
