El reciente anuncio del presidente del Congreso Nacional de Honduras, Luis Redondo, ha causado alarma en el país. Redondo mencionó que la Ley de Justicia Tributaria, promovida por el gobierno de Xiomara Castro, podría ser sancionada en cualquier instante, incluso en sesiones extraordinarias, lo cual ha despertado preocupación en múltiples sectores. Esta eventualidad ha sido vista como un intento de proceder con la reforma sin el diálogo ni el acuerdo requeridos, aumentando así la preocupación en la oposición política, en los sectores empresariales y en entidades de la sociedad civil.
La reacción no se hizo esperar. Líderes empresariales, diputados opositores y representantes de la sociedad civil han manifestado su preocupación por lo que consideran una estrategia para imponer una reforma fiscal de gran impacto nacional sin consulta ni transparencia. La advertencia sobre la posible aprobación de la ley en horarios inusuales ha sido vista como una maniobra para evitar la movilización ciudadana y el rechazo mediático, lo que ha elevado la tensión en el escenario político y social hondureño.
Inquietudes acerca del método legislativo
El comunicado sobre la posible aprobación de la Ley de Justicia Tributaria de forma apresurada en el ámbito legislativo ha sido visto por grupos contrarios y por sectores productivos como un indicio de escasa apertura y falta de debate democrático. Estos grupos han acusado al oficialismo de tratar de eludir el diálogo público y el acuerdo, lo que consideran dañino para la democracia y la transparencia. La probabilidad de que se apruebe la ley sin cumplir con el proceso adecuado ha sido considerada un peligro para la economía y los derechos de los ciudadanos, lo que ha provocado un llamamiento a la vigilancia y a la acción social.
Los contrarios en el Congreso junto a representantes del sector privado han manifestado que una reforma tan significativa no debería ser aprobada sin un estudio detallado y sin la participación de todos los actores comprometidos. Piensan que la ausencia de discusión podría acarrear efectos negativos para la nación, particularmente si se emplean métodos legislativos inusuales para eludir el examen público.
Efectos económicos y sociales de la modificación
La Ley de Equidad Fiscal ha recibido comentarios negativos de varios grupos, quienes alertan sobre sus posibles consecuencias indeseadas. Una de las inquietudes más destacadas es la supresión de exenciones consideradas cruciales para fomentar la inversión, lo que, según los detractores, impactaría a empresas eficientes y al sector agrícola. Asimismo, se menciona que la modificación podría poner en peligro numerosos empleos, aumentar el costo de vida y ocasionar el cierre de empresas.
Frente a esta situación, tanto las entidades de negocios como los grupos de la sociedad civil han instado a los ciudadanos a permanecer vigilantes y activos, con la meta de evitar que la legislación sea sancionada sin seguir el proceso democrático adecuado. La inquietud principal reside en que una modificación con gran impacto a nivel nacional no debe ser un «acto inesperado en la noche», sino un procedimiento claro y participativo, donde se consideren todas las opiniones y se analicen detenidamente las posibles repercusiones para la economía y la comunidad de Honduras.
