Con la notificación formal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Honduras da inicio a un proceso electoral que finalizará en noviembre de 2025, en un contexto político y social intensamente dividido. Las elecciones generales, donde se escogerán presidente, legisladores y autoridades locales, son más que un ejercicio de democracia regular: se presentan como un instante clave para el futuro institucional de la nación. Las tensiones existentes sobre el sistema de gobierno, las fracturas dentro de la oposición y el aumento de la falta de confianza en las instituciones han convertido esta convocatoria en un punto crítico para la democracia en Honduras.
Grupos políticos, empresariales y del ámbito civil han concordado en que las elecciones Honduras 2025 representarán un plebiscito sobre la dirección del país. El evento electoral desafiará no solo al gobierno en turno, señalado por su autoritarismo y monopolio de poder, sino también a una oposición fragilizada y a una ciudadanía caracterizada por la desconfianza.
Conflictos estructurales antes de los comicios
El inicio del ciclo electoral se da sin acuerdos en relación con reformas importantes, por ejemplo, aquellas que implican cambios al sistema electoral y el manejo de datos biométricos. Las acusaciones de presunta alteración en estos sistemas, junto con la utilización partidista de recursos gubernamentales, han provocado inquietud tanto a nivel nacional como internacional. Además, la continuidad del estado de excepción incrementa las preocupaciones sobre la justicia del proceso.
Además, existe un miedo creciente de que se empleen recursos legales para silenciar a líderes opositores, periodistas y empresarios que critican al gobierno. Este ambiente de tensiones antes de las elecciones ha generado preocupaciones en sectores que advierten sobre un posible retroceso en las libertades democráticas.
En este escenario, el Consejo Nacional Electoral se enfrenta al reto de llevar a cabo unas elecciones confiables, en un ambiente donde la confianza de la población ha sido erosionada por años de crisis institucional y acusaciones de interferencia política.
División en la oposición y peligro de poca participación
Si bien se manifiesta un claro disgusto popular hacia el gobierno actual en varios ámbitos, la oposición no ha conseguido unirse en un bloque que ofrezca una opción unificada. Esta división entre los opositores, en lugar de perjudicar al gobierno, podría facilitar su continuidad en el poder, incluso en medio de críticas.
Por otro lado, el desinterés de los votantes podría transformarse en una abstención considerable. Ante la falta de garantías de transparencia y ausencia de señales de una competencia justa, muchas personas podrían decidir no participar, impactando negativamente en la legitimidad del proceso.
Ante esta situación, varias organizaciones han aumentado los llamados a una participación activa y atenta de la población. Asimismo, han expresado su apoyo a una mayor presencia de observadores internacionales que supervisen el respeto al marco legal y democrático.
Un líder estudiantil indicó que el período electoral en Honduras no debería ser considerado únicamente como un deber cívico, sino como una defensa conjunta del futuro nacional que queremos forjar para los descendientes venideros.
