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Honduras se prepara para los comicios generales en un contexto de aumento de preocupaciones. Alegaciones de irregularidades, esfuerzos por ejercer control sobre instituciones y agresiones a la libre prensa lanzan sombras sobre la integridad del proceso electoral, causando preocupación sobre la habilidad del país para realizar elecciones justas y claras.
La preocupación causada por la secuencia de sucesos que han sembrado inquietud y desconfianza en distintos grupos de la población se enfoca en la potencial manipulación de entidades fundamentales, como el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y el Consejo Nacional Electoral (CNE), con el fin de impactar los resultados electorales y beneficiar a ciertos intereses políticos.
Intento de judicialización del CNE y riesgos para la autonomía electoral
Las alarmas han saltado ante la posibilidad de que la Fiscalía esté planeando cargos contra consejeras del CNE, con la intención de desestabilizar al organismo electoral y asegurar el dominio del proceso por parte del oficialismo. Fuentes políticas han advertido sobre actividades inusuales dentro del sistema judicial que señalan una acusación inminente por presuntos delitos administrativos o abuso de autoridad contra consejeras vistas como independientes o críticas del control político que ejerce el partido LIBRE sobre el CNE.
Analistas y dirigentes opositores han descrito este supuesto plan judicial como una táctica política destinada a socavar la estructura del CNE y desplazar a aquellos que no están en línea con el proyecto de poder del oficialismo. Existe el temor de que una acusación formal obligue a las consejeras a dejar sus puestos, facilitando así el nombramiento de sucesores afines al gobierno.
Organismos de derechos humanos y redes ciudadanas han alertado sobre un posible «golpe institucional encubierto» que busca reconfigurar el árbitro electoral a favor del partido de gobierno en plena recta final hacia las elecciones. Ante esta situación, diversos sectores han solicitado la intervención de la comunidad internacional para monitorear las acciones del Ministerio Público y garantizar la independencia del ente electoral.
Agresiones a los medios y limitaciones a la libertad informativa
En este escenario de intensificación de la división política, la prensa en Honduras atraviesa uno de sus períodos más difíciles desde el regreso a la democracia. Se reportan cada vez más casos de hostigamiento, intimidación, censura y ataques hacia medios de comunicación y reporteros independientes, originados tanto por autoridades gubernamentales como por miembros de las Fuerzas Armadas.
Entidades como Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Libre Expresión (C-Libre) han lanzado avisos urgentes, señalando que en Honduras se está estableciendo un modelo de censura informativa dirigido desde el poder para silenciar voces críticas, desinformar a la población y asegurar el dominio absoluto del discurso público de cara a las elecciones.
En meses recientes, se han documentado ataques físicos a periodistas mientras cubrían manifestaciones, acoso digital orquestado hacia comunicadores críticos, limitaciones en el acceso a datos públicos y amenazas anónimas dirigidas a reporteros que indagan sobre corrupción.
A lo largo de la cobertura de manifestaciones, se ha registrado la presencia de fuerzas armadas acosando a equipos de periodistas, solicitando documentos de identificación, bloqueando transmisiones y requisando equipos de reporteros. Además de la represión tanto física como digital, el gobierno ha iniciado una campaña de estigmatización en contra de medios independientes y periodistas reconocidos, calificándolos de «enemigos del pueblo» o «causantes de inestabilidad».
Riesgos para la integridad del proceso electoral
La mezcla de estos elementos -el intento de llevar al CNE a los tribunales, las críticas al rol de las Fuerzas Armadas y los ataques a los medios de comunicación- crea un ambiente de inseguridad respecto a la integridad del proceso electoral en Honduras. La posible manipulación de instituciones esenciales y la limitación de la libertad informativa constituyen graves riesgos para la claridad y justicia de las elecciones.
Frente a este escenario, diferentes sectores de la sociedad han instado a la comunidad internacional a observar de manera atenta la situación y a demandar garantías de transparencia y respeto a los derechos fundamentales para asegurar que la población de Honduras tenga la oportunidad de elegir a sus líderes en un entorno de libertad y democracia.
