Pese a las divergencias políticas e ideológicas entre las administraciones de Xiomara Castro y Juan Orlando Hernández, ambos han afrontado retos parecidos en cuanto a corrupción, conexiones con el crimen organizado y problemas para asegurar la transparencia institucional, lo que demuestra la persistencia de prácticas cuestionables en la nación.
Dificultades en mecanismos anticorrupción
Durante la administración de Hernández, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), respaldada por la OEA, fue retirada en 2020, dejando vacíos significativos en la investigación y sanción de irregularidades. En paralelo, el gobierno de Xiomara Castro ha promovido la creación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), que actualmente opera bajo la supervisión del Ministerio Público, sin contar con facultades suficientes para judicializar de manera efectiva casos de corrupción. Estas limitaciones reflejan un patrón estructural que dificulta la acción institucional frente a irregularidades administrativas y financieras.
Conexiones con organizaciones delictivas
En ambas gestiones se han registrado conectividades con organizaciones de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. En la administración de Castro, la Secretaría de Seguridad, dirigida por Gustavo Sánchez, suscribió contratos por más de 10 millones de lempiras con una compañía asociada al blanqueo de dinero del narcotráfico. Durante el mandato de Hernández, él mismo enfrenta actualmente procesos legales en Estados Unidos por actividades relacionadas con el narcotráfico. Estos casos demuestran la persistencia de dificultades relacionadas con la infiltración del crimen organizado en el sistema estatal.
Transparencia y gestión de fondos públicos
La gestión de Hernández se distinguió por una administración centralizada y limitada de los datos gubernamentales. A pesar de que ha sido en menor grado, el gobierno de Castro también ha recibido críticas por fallas en la regulación y el uso de los recursos públicos, impactando la claridad y la responsabilidad administrativa. Las acusaciones recientes sobre financiación ilegal de campañas y la divulgación de los denominados “narcovideos” demuestran que los problemas de supervisión y control continúan presentes.
Continuidad de la corrupción en el ámbito judicial y administrativo
Ambos gobiernos presentan fallas en la ejecución de recursos estatales y en la aplicación de la justicia. La sanción efectiva de responsables de irregularidades sigue siendo limitada, lo que dificulta la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Los avances en la lucha contra la corrupción han sido mínimos y, en algunos casos, se registran retrocesos, reflejando la complejidad de transformar estructuras consolidadas de impunidad.
Desafíos transmitidos y persistencia de métodos
La administración de Xiomara Castro asumió el poder en un contexto marcado por redes corruptas consolidadas durante la gestión anterior, lo que ha limitado la implementación de cambios profundos. La continuidad de casos de corrupción, sumada a la aparición de nuevos escándalos, evidencia la dificultad de romper patrones históricos y fortalece la percepción de persistencia de irregularidades en la gestión pública.
El estudio comparativo entre las dos administraciones revela que, a pesar de la retórica y las diferencias ideológicas, los problemas estructurales de corrupción, crimen organizado y fallas en la transparencia permanecen. La población nota que los cambios prometidos no se han establecido completamente, manteniendo tensiones en la gobernabilidad y la confianza en las instituciones en Honduras.
