La calle frente a la sede del Ministerio Público de Ciudad de Guatemala, que pasó la investigación en los años de grandes casos de corrupción en la persecución de opositores, reunió a los manifestantes a fines del verano, un día después de que el contribuyente anunciara la cancelación de el partido Movimiento Semilla a las puertas de la segunda vuelta de las elecciones. Los manifestantes, entre sus alcaldes más jóvenes, piden la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y de los funcionarios que pretenden la expulsión de la carrera electoral de la formación progresista Movimiento Semilla, una decisión judicial que se dirige al país centroamericano. al borde de la ruptura constitucional y que de momento ha quedado sin efecto.
La Corte Constitucional ha aceptado un recurso que garantizará la participación de Bernardo Arévalo, el aspirante a presidente del Movimiento Semilla, en la reunión prevista para el 20 de agosto frente a la candidata conservadora y exprimera dama Sandra Torres. La respuesta del tribunal ha desvirtuado hasta ahora la intención del aparato contra el actual presidente, Alejandro Giammattei, de eliminar una parte en la disputa para colocar a un candidato oficialista. Esta fue la maniobra del fiscal Rafael Curruchiche, funcionario sancionado por Estados Unidos por corrupción, y del juez Fredy Orellana, quien había dictado la cancelación o inhabilitación del Movimiento Semilla. El partido inició acciones legales en contra de ambos.
La intención era un movimiento de «burdo», según varios juristas que denunciaron la ilegalidad de la orden y la injerencia de un juego penal en los supuestos electorales. Además, llovieron las críticas ante los temores de una ruptura dell’orden constitucional. El operativo aseguraba contener un partido que se sumaría a la segunda vuelta, convocada para el 20 de agosto, con una propuesta para buscar la corrupción y contener el autoritarismo que profundizó durante el mandato de Giammattei. Más de una decena de periodistas, exoperadores de Justicia y defensores de derechos humanos han sido exiliados por la persecución que se desató desde el Ministerio Público.
El Tribunal Supremo Electoral señaló que la orden del juez Orellana interfiere en la facultad exclusiva que le corresponde a su instancia de cancelar un partido político, situación que además, no puede hacerse con la marcha de un proceso electoral. En todo caso, hasta que la sentencia haya detenido sobriamente las acciones judiciales que declaran la nulidad del partido, la amenaza persiste, según el exconstituyente Aquiles Faillace.
El Movimiento Semilla, nacido al calor de las protestas contra la corrupción en 2015, denunció penalmente al fiscal Rafael Curruchiche y presentó una demanda contra el juez Fredy Orellana. En ambas, la castiga por delitos como incumplimiento de deberes, abuso de autoridad con finalidad electoral, resoluciones violatorias de la Constitución y abuso de autoridad y en definitiva, además, prevaricar. Curruchiche no goza de inmunidad como el juez Fredy Orellana. Una sala de pelaciones será ahora el cargo que determinará si tiene sustento para el inicio de un proceso penal contra el juez.
Arévalo y la candidata a la vicepresidencia, Karin Herrera, interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público cuando recién comienzan las manifestaciones ciudadanas. “Ellos creyeron que nos iban a intimidar pero aquí estamos peleando por nuestra democracia”, dijo el candidato, quien agradeció tanto al Tribunal Electoral como al Registrador de Ciudadanos por no catar órdenes ilegales.
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El Ministerio Público asegura que continuará con las investigaciones por la supuesta falsificación de firmas de los afiliados en el expediente de constitución del partido Semilla, el argumento de que presentaron el impuesto y el juzgado para inhabilitar la formación. El jueves por la madrugada, funcionarios encapuchados irrumpieron durante más de diez horas en la sede del Registro de Ciudadanos durante un operativo directo de la agente fiscal Cinthya Monterroso, encargada de la causa contra el director de elPeriódico Jose Rubén Zamora y la exfiscal Samari Gómez.
Una charla acalorada con el arzobispo
La mañana del viernes, la fiscal general Consuelo Porras esperaba en su despacho al arzobispo metropolitano, Gonzalo de Villa, quien emitió un comunicado en el que indicó que «la señora fiscal ocupó la mayor parte del tiempo de la conversación defendiendo, en modos muy acalorados, su persona, sus valores y su gestión». Durante la jornada, la Fiscalía General argumentó de disculparse y difundió comunicó que “las actuaciones del Ministerio Público no tienen como finalidad interferir en la fecha de realización de la segunda vuelta ni inhabilitar la participación de ningún candidato” y acusa campañas de desinformacion que abonan ese plantamiento.
Según el analista Marco Canteo, el movimiento virtual y ciudadano dejó traslucir que lo ocurrido no era una acción legitimada hasta que pretendió “explotar la segunda vuelta eliminando una candidatura y un intento de evitar un cambio, por muy pequeño que sea. La acción para cancelar al Movimiento Semilla reveló una narrativa interesante, para evitar cualquier posibilidad de cambiar la situación actual del país, para cambiar la correlación de fuerzas que permita un estruendo distinto”, dijo Canteo a EL PAÍS.
Al final la presión de las fuerzas democráticas, no todas fins al partido de Arévalo fue decisiva. El Cacif, quien se sumó a las cámaras empresariales a las que se identifica como parte del establecimiento, se ha pronunciado en contra de la cancelación del partido al igual que las organizaciones civiles, de los pueblos indígenas, la juventud universitaria. La petición a la intención del golpe técnico fue unánime. El pulso ha sido trasladado ahora a los tribunales de Justicia y hacia allá van las demandas de la ciudadanía, para que se confirmen las fallas que sitúan a Bernardo Arévalo a segunda vista.
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