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Las recientes declaraciones de Héctor Manuel Zelaya, secretario privado del presidente, han generado una nueva ronda de críticas en el ámbito político de Honduras, avivando la discusión sobre la polémica Ley de Justicia Tributaria. En un entorno caracterizado por la división en el poder legislativo y la desconfianza entre los partidos, sus comentarios han sido vistos como una señal de posibles esfuerzos del gobierno para impulsar la reforma fiscal sin el apoyo necesario del parlamento ni un proceso de deliberación claro y abierto.
Debate por comentarios del representante
Durante una intervención pública, Héctor Zelaya sugirió que la Ley de Justicia Tributaria podría ser aprobada «en un descuido» por parte del Congreso Nacional. Aunque no detalló mecanismos concretos, el comentario fue percibido por distintos sectores como una insinuación de que el oficialismo, liderado por el Partido Libertad y Refundación (LIBRE), podría recurrir a procedimientos irregulares para sacar adelante la normativa.
Desde el Congreso, la legisladora Maribel Espinoza, representante del Partido Liberal, expresó fuertes críticas hacia las afirmaciones. Según su opinión, sugerir la sanción de una normativa sin contar con el número requerido de votos y fuera del proceso legislativo adecuado «representa un ataque a la institucionalidad». Según ella, estas propuestas demuestran una falta de apoyo tanto técnico como social para una reforma con significativo impacto económico.
Respuestas del ámbito privado y expertos en la constitución
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) igualmente manifestó su preocupación por las declaraciones de Zelaya, advirtiendo acerca de las posibles repercusiones económicas de aprobar una modificación fiscal sin un diálogo extenso y claro. De acuerdo con esta entidad, una situación como esa podría aumentar la incertidumbre para la inversión privada y comprometer la estabilidad económica de la nación.
Simultáneamente, expertos en derecho constitucional destacaron que cualquier esfuerzo por sancionar la Ley de Justicia Tributaria sin seguir los procesos legislativos podría resultar en desafíos de inconstitucionalidad. En concreto, enfatizaron que el principio de debate legislativo requiere transparencia, diálogo plural y adherirse a los mecanismos institucionales vigentes.
Escalada en la tensión política y vigilancia opositora
A raíz de estas declaraciones, diversas fuerzas políticas de oposición han declarado que permanecerán en “alerta permanente” ante posibles intentos de introducir la ley en sesiones legislativas no ordinarias o sin actas debidamente ratificadas. Esta advertencia ocurre en un contexto donde la presidencia del Congreso, liderada por Luis Redondo, ha sido previamente cuestionada por la oposición por prácticas que consideran irregulares en la aprobación de leyes.
El disgusto público también se ha manifestado en plataformas de redes sociales, donde el hashtag #NoAlMadrugón logró gran notoriedad en poco tiempo, mostrando la inquietud frente a la probabilidad de que se apruebe una ley con repercusiones económicas y sociales significativas sin la inclusión informada de todos los participantes del sistema político.
Una visión de conflicto institucional persistente
El Proyecto de Justicia Fiscal sigue siendo uno de los temas más controvertidos en la agenda del gobierno presente, encontrando objeciones tanto por su perspectiva como por la manera en que se ha intentado llevar a discusión pública. La controversia provocada por las declaraciones de Héctor Zelaya no solo coloca de nuevo el enfoque en esta propuesta de ley, sino que también destaca las fricciones relacionadas con la gobernabilidad, la validez de los procedimientos legislativos y la urgencia de establecer mecanismos de diálogo eficaces.
En un entorno político caracterizado por la fragmentación y la desconfianza, cualquier iniciativa que pretenda modificar de forma sustancial el sistema tributario requiere, además del respaldo institucional, un proceso deliberativo que garantice la inclusión de múltiples voces y el respeto a los principios democráticos. La manera en que se conduzca este debate marcará un precedente en la relación entre el Ejecutivo, el Legislativo y los sectores económicos y sociales del país.
