Iniciativa fiscal del gobierno hondureño enfrenta resistencia empresarial y llamado a diálogo legislativo

Diversos voceros del sector privado en Honduras manifestaron inquietudes respecto a la eventual aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, una propuesta del Ejecutivo que está siendo debatida en el Congreso y que, según sus estimaciones, podría cambiar significativamente el panorama económico de la nación. Estas advertencias surgen en un contexto caracterizado por una ralentización económica y un incremento en las exigencias sociales, lo que ha aumentado la discusión sobre el rol del Gobierno en el ámbito fiscal.

Postura empresarial ante la iniciativa gubernamental

La propuesta de ley, que el gobierno ha defendido como un mecanismo para eliminar privilegios fiscales y fortalecer la equidad tributaria, ha sido duramente cuestionada por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) y otros sectores productivos. De acuerdo con estos espacios, la iniciativa afectaría directamente a la inversión privada, el empleo formal y el costo de vida en el país.

Un vocero del COHEP señaló que, de entrar en vigor, la normativa podría generar un entorno poco atractivo para la inversión, derivando en una cadena de consecuencias que incluye despidos masivos, inflación y relocalización de empresas hacia economías con mayor estabilidad normativa. Las críticas se centran principalmente en la eliminación de incentivos fiscales que, según los empresarios, han sido claves para el crecimiento de sectores como las zonas francas, la agroindustria y la manufactura.

Impactos esperados en trabajo, costos y competitividad

El sector empresarial identificó tres efectos principales que, a su juicio, tendría la implementación de esta ley:

1. Disminución del trabajo formal: compañías que actualmente funcionan bajo regímenes especiales de exoneración podrían verse obligadas a reducir personal o cerrar sus actividades debido al aumento en sus costes. Las áreas económicas más sensibles serían aquellas orientadas hacia la exportación y las situadas fuera de los principales centros urbanos.
2. Aumento en el costo de vida: el cambio en la estructura fiscal conllevaría, según estimaciones privadas, un incremento en los precios de bienes esenciales como alimentos, medicamentos, transporte y servicios básicos. Esto afectaría principalmente a las personas de menores ingresos, ya que los nuevos costes se trasladarían al consumidor final.
3. Deslocalización de capital y talento: otra preocupación es la posible salida de empresas e inversiones hacia países cercanos con regulaciones consideradas más estables. Esta tendencia, advierten, pondría en riesgo el desarrollo económico a mediano y largo plazo, además de causar una pérdida notable de empleo calificado.

Demandas de comunicación y revisión de leyes

Ante este panorama, los diferentes sectores empresariales instaron al Congreso Nacional a frenar el proceso de aprobación de la ley sin antes abrir espacios de diálogo técnico y participativo. Los portavoces del sector privado manifestaron que una reforma fiscal requiere consensos amplios y evaluación de impacto, particularmente en un entorno económico marcado por alta informalidad y baja recaudación.

Asimismo, instaron a la población a conocer los detalles del plan propuesto y a demandar que las decisiones relacionadas con la política fiscal no perjudiquen las oportunidades laborales ni la competitividad del país. “Lo que se está arriesgando no es un favor especial, es el bienestar de miles de familias”, declaró un portavoz del sector empresarial.

Desafíos institucionales y problemas fiscales

La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria se desarrolla en un entorno de fricción entre el gobierno y grupos económicos organizados, poniendo de relieve un conflicto fundamental acerca del modelo de desarrollo que el país debería adoptar. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de ajustar los sistemas fiscales para disminuir la desigualdad y elevar los ingresos del Estado, el sector privado señala los riesgos de implementar una reforma sin acuerdo técnico ni certeza de seguridad jurídica.

Este episodio evidencia los desafíos que enfrenta Honduras para equilibrar sus objetivos de justicia tributaria con la necesidad de mantener condiciones propicias para la inversión, el empleo formal y la estabilidad económica. En un entorno marcado por la desconfianza institucional y la polarización política, el debate en torno a esta ley pone en relieve la urgencia de construir mecanismos de concertación y diálogo social sostenido.