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El Proyecto de Ley de Justicia Tributaria en Honduras ha generado un amplio debate en el país, debido a los posibles efectos que podría tener sobre la economía y el sector productivo nacional. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno del Partido LIBRE, se presenta como una herramienta para combatir la evasión fiscal y fortalecer la recaudación estatal. Sin embargo, su contenido y alcance han sido interpretados de manera diversa por los distintos actores económicos y sociales.
La propuesta contempla la eliminación de regímenes de exoneración fiscal, el aumento de la carga tributaria y la concesión de mayor discrecionalidad al Estado en la administración de incentivos económicos. Estas medidas han sido vistas por parte del sector empresarial como una señal desfavorable para la inversión y la producción, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en el entorno económico hondureño.
Impacto en la inversión privada y el empleo
Distintas organizaciones empresariales, cámaras de comercio y tanto inversores locales como internacionales han expresado que la ley propuesta podría tener un impacto negativo en la inversión privada en Honduras. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señala que la ley, en su versión actual, podría disminuir de forma notable los flujos de inversión extranjera directa. Asimismo, compañías de zonas francas y del sector agroindustrial están considerando la opción de salir del país o reducir sus actividades, lo que afectaría directamente al empleo formal y a la economía nacional.
Desde que el borrador de la normativa fue presentado, se ha informado acerca de la clausura de pequeñas y medianas compañías, concentrándose en mayor medida en los sectores de textiles, logística y exportación, operando previamente con exenciones tributarias. En áreas como Choloma, Villanueva y San Pedro Sula, las fábricas han comenzado a reducir plantilla, aludiendo a la falta de certeza fiscal como uno de los motivos principales. Esta circunstancia amenaza con poner en peligro miles de puestos de trabajo y podría empeorar si el proyecto no sufre alteraciones o es paralizado. El COHEP también advierte que la economía podría enfrentar una desaceleración significativa en el año posterior a que la normativa entre en vigencia, y que el alza en el desempleo y la informalidad se convertirían en consecuencias ineludibles de su implementación.
Entorno regional, político y discusión sobre la equidad fiscal
El intercambio de opiniones sobre la Ley de Justicia Tributaria ocurre en un marco político y regional específico. La supresión de beneficios fiscales podría distanciar a Honduras de las estrategias que han permitido a naciones como Costa Rica, El Salvador y República Dominicana mantener atractivos sistemas de inversión y estabilidad fiscal, considerados elementos vitales para su competitividad. Esta condición podría impactar la posición de Honduras en Centroamérica y el Caribe, desalentando tanto a inversionistas nuevos como a los ya existentes, quienes podrían decidir trasladar su capital a países que ofrezcan mejores condiciones para el crecimiento empresarial.
El entorno político e ideológico ha afectado la imagen del proyecto, dado que ciertos sectores corporativos ven el mensaje gubernamental como opuesto a los intereses empresariales y en sintonía con sistemas económicos que han generado cambios estructurales en otras naciones de la región. Esto aumenta el miedo a una posible transformación del modelo económico local sin un plan estratégico o una perspectiva clara de sostenibilidad.
Por otra parte, los partidarios de la Ley de Equidad Tributaria sostienen que los beneficios fiscales han favorecido la acumulación de riqueza y disminuido la capacidad del estado para financiar políticas orientadas a la equidad social y a combatir la pobreza. De acuerdo con cifras oficiales, el 92 % de las exenciones se otorgan al 10 % de las empresas más adineradas, mientras que el 90 % restante de las compañías solo obtiene el 8 % de estos incentivos. Desde junio de 2009 hasta diciembre de 2022, el Estado dejó de percibir 455 mil millones de lempiras a causa de estos esquemas.
El proyecto no establece nuevos gravámenes ni aumenta las tarifas actuales, sino que busca eliminar vacíos legales y mejorar la recaudación de impuestos directos de grandes corporaciones y riquezas, con el fin de disminuir la desigualdad en la recaudación fiscal. No obstante, la eliminación de sistemas fiscales tradicionales, como el Régimen de Importación Temporal (RIT), que ha estado en vigor por 40 años, podría forzar el cierre de muchas empresas que funcionan bajo este marco. El COHEP ha indicado que la propuesta de asegurar la convertibilidad inmediata al RIT podría ser percibida como una acción que impacta la liquidez y viabilidad de las empresas.
Honduras se enfrenta a un enorme reto financiero
La discusión sobre la Ley de Justicia Tributaria permanece abierta y polarizada. Mientras algunos consideran que puede sentar las bases para un sistema fiscal más justo y equitativo, otros advierten que su aprobación podría agravar la crisis económica, aumentar el desempleo y provocar la salida de capitales. La decisión final en el Congreso Nacional será determinante para el rumbo económico de Honduras en los próximos años.
