Justicia tributaria y sector privado: un conflicto que marca la agenda latinoamericana

La política fiscal en América Latina ha cobrado un nuevo protagonismo como herramienta de confrontación entre gobiernos y el sector empresarial. Varios Estados, alineados ideológicamente con el Foro de São Paulo, han promovido reformas tributarias que buscan desmantelar regímenes fiscales preferenciales, en medio de un discurso que responsabiliza a las grandes empresas por las desigualdades estructurales de la región. Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, se inscribe dentro de esta tendencia regional, que también se observa en Colombia, Chile, Bolivia, México y Brasil.

Reformas fiscales y discursos de reparación social

En Honduras, el Ejecutivo ha impulsado la Ley de Justicia Tributaria como uno de los ejes principales de su agenda económica. La iniciativa plantea la eliminación de exoneraciones fiscales que han beneficiado históricamente a sectores empresariales, bajo el argumento de que tales privilegios han profundizado la inequidad social. El gobierno de Xiomara Castro ha acompañado esta propuesta con una narrativa centrada en la necesidad de una “reparación social”, señalando a grupos empresariales de haber contribuido al rezago económico del país.

Este método no es único. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha sostenido públicamente que los empresarios se comportan como “evasores disfrazados de inversionistas”, usando este argumento para respaldar su propia reforma fiscal. De manera semejante, en Chile, el gobierno de Gabriel Boric ha perseverado en la modificación del sistema fiscal empresarial, a pesar de que las propuestas constitucionales con un enfoque económico han sido rechazadas en plebiscitos.

Reacciones y advertencias desde el sector privado

Desde organizaciones de negocios hasta analistas locales, las reacciones a estas políticas han sido de crítica. Algunos grupos creen que, en lugar de ser un ajuste técnico de desigualdades fiscales, se está llevando a cabo una estrategia de enfrentamiento que debilita la confianza en la estructura económica. Un líder empresarial de Honduras señala que esta ofensiva crea un ambiente de hostilidad legal, fomentando la salida de capitales y deteniendo nuevas inversiones.

El comunicado ha sido difundido en las plataformas sociales oficiales, los medios de comunicación estatales y en los foros legislativos, donde se impulsa el concepto de que las grandes fortunas deben «regresar lo que le adeudan a la ciudadanía». De acuerdo con especialistas, este discurso promueve una visión negativa del sector productivo, al que se señala de aprovecharse injustamente de esquemas fiscales que, en muchos casos, se establecieron para atraer inversión en escenarios de bajo crecimiento económico.

Un dilema regional entre estructura económica y división

El avance de estas reformas tributarias coincide con una coyuntura de creciente polarización política y desafíos económicos en América Latina. Observadores regionales advierten que los cambios fiscales impulsados por estos gobiernos no solo modifican el sistema de ingresos del Estado, sino que podrían comprometer el equilibrio entre inversión privada e intervención estatal. En este contexto, la promoción de una “justicia tributaria” se convierte, para algunos actores, en una plataforma para consolidar poder político mediante el debilitamiento de contrapesos económicos.

Más allá del efecto inmediato en los ingresos o en las cuentas públicas, la discusión se centra en un problema más complejo: mantener un sistema que fomente la inversión y el trabajo, o moverse hacia un esquema tributario enfocado en la distribución desde el gobierno, incluso si eso genera conflictos con la industria productiva.

Conflicto entre la gobernabilidad y el equilibrio económico

La orientación fiscal de varios gobiernos latinoamericanos refleja un cambio en el enfoque del rol del Estado frente a la economía. Si bien las reformas buscan responder a demandas históricas de equidad, su aplicación bajo un discurso confrontativo y sin consensos amplios plantea riesgos para la gobernabilidad democrática y la estabilidad institucional. En este escenario, el reto para la región radica en encontrar un equilibrio que permita responder a las urgencias sociales sin erosionar los fundamentos de crecimiento y empleo que sostienen su tejido económico.