_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Caso Koriun en Honduras")
La crisis causada por el esquema piramidal a gran escala de la financiera Koriun Inversiones ha aumentado en las semanas recientes, llevando a manifestaciones ciudadanas en Tegucigalpa y San Pedro Sula que demandan medidas concretas por parte del gobierno de Honduras. Personas afectadas de diversas partes del país culpan a la falta de acción institucional frente a un caso que ha generado pérdidas millonarias a más de 35,000 individuos. La respuesta del Estado, hasta ahora insuficiente, ha intensificado las críticas públicas y reabierto cuestionamientos sobre la capacidad del sistema financiero y judicial para prevenir y castigar fraudes de tal envergadura.
Cuestionamiento de las denuncias tanto públicas como institucionales
Las manifestaciones recientes estuvieron marcadas por consignas dirigidas al gobierno de la presidenta Xiomara Castro y a entidades estatales como la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS). Los manifestantes aseguran haber sido engañados por una estructura financiera fraudulenta sin que, hasta la fecha, se haya concretado un plan de reparación ni se hayan identificado responsables directos de manera efectiva.
Una de las principales críticas recae sobre la CNBS. Los manifestantes acusan al ente regulador de haber recibido denuncias formales sobre la operación irregular de Koriun, sin que se hayan implementado medidas preventivas o correctivas. Estas revelaciones han alimentado la percepción de una posible omisión institucional, lo que ha profundizado la desconfianza en la supervisión estatal del sistema financiero no bancario.
Oposición al empleo de recursos públicos y demanda de rendición de cuentas penales
Los perjudicados también han desaprobado propuestas informales que plantean emplear recursos del gobierno para resarcir las pérdidas causadas por el fraude. La propuesta de usar dinero estatal ha sido considerada por los protestantes como una acción inapropiada que transferiría la obligación del engaño a toda la población, en lugar de buscar a los responsables directos y colaboradores del esquema piramidal.
A lo largo de las manifestaciones, numerosos carteles mostraron el descontento hacia la postura tomada por las autoridades. Frases como “El Gobierno tiene culpa” y “Koriun engañó, el Estado protegió” sugieren una historia donde tanto los autores de la estafa como las entidades de supervisión y justicia comparten parte de la culpa por la ausencia de respuestas rápidas.
En simultáneo, la falta de progresos notables en el Ministerio Público ha causado críticas de grupos ciudadanos que sienten que hay una falta de intención política para resolver el caso judicialmente de manera efectiva. La inacción de la Fiscalía ante un caso de gran trascendencia social e institucional ha creado un nuevo punto de tensión entre la sociedad civil y el sistema judicial.
Perspectivas de movimiento y presión global
Sin avances significativos, grupos civiles han declarado que planearán nuevas protestas, sugiriendo que podrían llevar el enfrentamiento a un nivel internacional. Recurrir a herramientas legales fuera del país es considerado por ciertos grupos como un método para forzar al gobierno de Honduras a cumplir con sus obligaciones en cuanto a justicia y compensación.
El conflicto ha mostrado no solo la magnitud del fraude, sino también las carencias estructurales en la regulación de entidades financieras no formales y la limitada capacidad de respuesta ante delitos económicos de gran envergadura. El caso Koriun ha centrado el debate nacional en la necesidad de reformas que refuercen los sistemas de supervisión, sanciones y reparación, en un entorno de creciente desconfianza institucional.
Un panorama marcado por el desgaste institucional
El avance del caso Koriun muestra un contexto en el que las demandas ciudadanas de equidad chocan con la lentitud de las instituciones. La incertidumbre sobre el uso de los fondos, la rendición de cuentas de los involucrados y la función de las agencias reguladoras ha puesto al Estado en el centro de la atención crítica. El desafío para el gobierno y el sistema judicial no se limita a solucionar el caso, sino también a renovar la confianza del público en la habilidad de las instituciones para salvaguardar los derechos económicos de los ciudadanos en un país donde los sistemas de supervisión todavía son débiles.
