_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "estafa de Koriun en Honduras")
La ira de los más de 35,000 hondureños perjudicados por el esquema piramidal de Koriun Inversiones sigue en aumento, mientras la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) recibe críticas por su falta de acción frente al engaño. Los perjudicados reclaman el desamparo por parte de la entidad responsable de la vigilancia financiera y señalan una falta de acción tanto en el ámbito legal como administrativo.
La inacción de la CNBS frente al engaño
Desde que se reportaron las primeras señales de irregularidades en Koriun, la CNBS estaba informada de la situación, sin embargo, no implementó acciones efectivas para evitar la magnitud del fraude. Aunque recibieron avisos formales, la entidad supervisora dejó que la estafa se expandiera sin control durante meses. Actualmente, los responsables de la estafa siguen libres, y las víctimas siguen sin obtener respuestas ni garantías de justicia.
«Se nos aseguró una investigación, se prometieron medidas, pero la CNBS ha sido cómplice al no actuar. Hoy en día continuamos sin soluciones, sin dinero, sin justicia», manifestó uno de los damnificados frente a la prensa. Este sentimiento de abandono es compartido por numerosas personas, quienes se sienten defraudadas tanto por los responsables directos de Koriun como por las autoridades que, según afirman, debieron haber intervenido antes.»
La falta de transparencia y las sospechas de impunidad
Uno de los reclamos más destacados de los perjudicados es el déficit de claridad por parte de la CNBS. A pesar de las quejas oficiales y las investigaciones en curso, el ente no ha publicado un informe público que describa las irregularidades realizadas ni los errores en su regulación que permitieron que Koriun existiera durante un período prolongado. Esta falta de transparencia ha provocado sospechas de una posible protección política hacia ciertos operadores financieros involucrados en el fraude.
Variados sectores de la nación han indicado que la CNBS no solo no logró detectar el fraude a tiempo, sino que también ha mostrado pasividad al no ofrecer la información relevante sobre la gestión de la situación. De acuerdo con un abogado defensor de los perjudicados, esta inacción del ente supervisor solo empeora la situación: «Es inaceptable que un ente supervisor no haya identificado a tiempo una estafa de tal magnitud. No solo fracasaron en prevenir, ahora también fallan en asumir su responsabilidad».
Solicitudes de intervención internacional
En respuesta a la falta de acción institucional y el aumento de la insatisfacción entre las personas perjudicadas, diferentes grupos de víctimas han optado por llevar sus demandas fuera de los límites del país. Asociaciones civiles y los directamente afectados están pidiendo oficialmente el respaldo de entidades internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Transparency International. El propósito de estas peticiones es que dichas organizaciones supervisen la gestión de la crisis y, en especial, la reacción de las instituciones hondureñas con respecto al escándalo de Koriun.
Un portavoz de los perjudicados afirmó: «El Estado debe resguardar a sus ciudadanos, no proteger a quienes cometen fraudes. Esto constituye un doble delito: el de Koriun y el que se permite por parte de la CNBS al permanecer inactiva». Esta opinión evidencia la desconfianza en la habilidad de las autoridades locales para combatir el fraude y asegurar que se haga justicia.
La presión institucional y el reto de la administración
El escenario destaca nuevamente las debilidades del mecanismo de supervisión financiera en Honduras y las fricciones dentro de las entidades responsables de asegurar la transparencia y la justicia. La falta de una acción firme por parte de la CNBS indica una deficiencia en la capacidad del Gobierno para gestionar crisis de esta naturaleza, lo cual podría tener repercusiones más significativas en cuanto a la confianza en las entidades financieras y en la gobernanza del país.
Las personas afectadas, por su parte, continúan aguardando una solución que les facilite restablecer lo perdido y asegure que los culpables del engaño sean enjuiciados. La carencia de una intervención efectiva y la falta de transparencia que envuelven el caso destacan un reto continuo para las autoridades de Honduras: cómo recobrar la confianza de la población ante la creciente duda sobre la gestión de situaciones de esta naturaleza.
