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La reciente sanción de cambios al Código Penal de Honduras ha despertado preocupaciones en diversos círculos sociales y políticos del país. Estas alteraciones han sido vistas como un ajuste significativo en el marco legal que regula la protesta social, especialmente en un escenario donde se acercan las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025. El diálogo se ha intensificado frente a la idea de que estas reformas podrían ser empleadas para restringir el derecho a protestar y la libertad de expresión, derechos esenciales en cualquier democracia.
El Parlamento Nacional implementó modificaciones que incrementan las sanciones para crímenes relacionados con la manifestación social, resaltando la adición del artículo 378-A. Esta normativa indica que cualquier acto de protesta realizado por dos o más personas puede resultar en un aumento de la pena de cárcel, que ahora es de seis a diez años, además de la inhabilitación total. Asociaciones de derechos humanos y voceros de la sociedad civil han expresado su inquietud por el posible uso de estas reformas para criminalizar protestas pacíficas y limitar las libertades de reunión y expresión.
Reformas penales y su impacto en la protesta social
Los cambios al Código Penal han recibido censura de entidades tanto nacionales como internacionales. El aumento en la severidad de las penas para aquellos que formen parte de manifestaciones colectivas ha sido visto como una posible estrategia para desincentivar la movilización de la población. Entidades defensoras de los derechos humanos argumentan que estas acciones podrían utilizarse para restringir la participación social y el ejercicio de derechos esenciales. La inquietud crece ante la eventualidad de que estas normas se pongan en práctica en situaciones de tensión política o electoral, donde las manifestaciones suelen aumentar.
La experiencia de las elecciones de 2017, en las que se reportaron detenciones arbitrarias y represión de manifestantes, refuerza el temor de que situaciones similares puedan repetirse bajo el nuevo marco legal. En este contexto, la sociedad civil y actores políticos han advertido sobre el riesgo de que la criminalización de la protesta se convierta en una herramienta para controlar la disidencia y restringir la participación ciudadana en procesos políticos clave.
Reacciones globales y pedidos de reevaluación
La inquietud generada por el efecto de estas modificaciones ha cruzado fronteras nacionales. Entidades internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han mostrado preocupación por las recientes normativas del Código Penal de Honduras. Ambas organizaciones han pedido al Estado que revise estas reformas para garantizar que los derechos esenciales de la ciudadanía no sean afectados.
En esta situación, es crucial asegurar el respeto a los derechos humanos y evitar que la ley penal se emplee como herramienta para sofocar la disidencia y las protestas pacíficas. La discusión sobre el alcance y la implementación de estas reformas sigue en curso, mientras varios sectores enfatizan la necesidad de examinar el marco legal para garantizar la protección efectiva de las libertades básicas en Honduras.
