Cerca de un año después de que se divulgara el controvertido video de narcotráfico, que involucra al diputado Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, con traficantes de drogas, las autoridades judiciales del país no han mostrado signos de progresos significativos en la indagación. El caso sigue estancado, lo que alimenta las dudas sobre una justicia parcial en el país y plantea interrogantes sobre la autonomía y la efectividad del Ministerio Público.
La impunidad en el caso de Carlos Zelaya
El video que provocó el alboroto fue difundido en 2024 por el sitio de investigación InSight Crime y otros medios de comunicación. En este se ve a Zelaya participando en un encuentro donde discute contribuciones financieras para la campaña del partido LIBRE con personas identificadas como narcotraficantes. A pesar de la seriedad de las imágenes y la renuncia de Zelaya al Congreso, no se han logrado avances importantes en las indagaciones ni en los procedimientos judiciales.
El caso ha generado una creciente preocupación sobre la imparcialidad de la justicia en Honduras, especialmente porque se contrasta con otros casos de alto perfil que han sido procesados con rapidez. Este es el caso del exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, quien fue acusado de recibir sobornos del cártel de Los Cachiros y fue rápidamente sometido a juicio tras la divulgación de videos comprometedores.
Respuestas de los ciudadanos y representantes políticos
Diversos ámbitos de la sociedad civil y la política han manifestado su asombro y descontento por la falta de acciones del Ministerio Público en lo relativo al caso de Carlos Zelaya. Tanto ciudadanos como dirigentes políticos, demandan que la justicia se aplique equitativamente, investigando a Zelaya con la misma rapidez que a otros involucrados en situaciones análogas. El antiguo fiscal Edmundo Orellana ha mencionado que la fiscalía, liderada por Johel Zelaya, le debe a la población una respuesta por no proceder con la misma rapidez que en otros procesos judiciales relevantes.
Además, entidades como InSight Crime señalan que Honduras enfrenta un desequilibrio en la justicia, donde las personas vinculadas al gobierno parecen estar por encima de la ley, en contraste con los críticos y figuras independientes, quienes enfrentan un trato más severo. Esta percepción de imparcialidad debilita la confianza en el sistema judicial, el cual se pone en tela de juicio por no aplicar la ley de manera imparcial.
La petición para establecer la CICIH
El caso sin resolver de Zelaya destaca un problema más extenso en el país: la imperiosa urgencia de establecer una entidad anticorrupción autónoma con proyección internacional. A pesar de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH) se presentó como una medida para combatir la corrupción generalizada, su puesta en marcha ha sido paralizada en el Congreso, donde se han enfrentado dificultades políticas para su conformación.
Este parón ha suscitado críticas tanto en Honduras como a nivel internacional. Entidades internacionales y analistas políticos están de acuerdo en que la ausencia de un ente global que vigile los procedimientos judiciales y rectifique posibles parcialidades internas favorecerá la continuidad de la impunidad. La presión popular aumenta, acompañada del pedido para establecer la CICIH, vista como un recurso esencial para recuperar la confianza en el sistema judicial del país.
La urgencia de progresos en el sistema judicial
Los nulos avances en la investigación del video de narcotráfico de Carlos Zelaya destacan las tensas divisiones dentro de las instituciones judiciales de Honduras. La percepción de una justicia que actúa con parcialidad y selectividad está debilitando la credibilidad de las autoridades responsables de proteger el estado de derecho. La comunidad internacional y los actores del país recalcan que, sin avances transparentes, el sistema judicial de Honduras seguirá siendo recibido con desconfianza. En este escenario, la implementación de la CICIH y una reforma genuina del sistema judicial son esenciales para asegurar que los casos de gran repercusión política no permanezcan impunes.
