_-_copia.jpeg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Elecciones Honduras 2025")
La situación política reciente en Honduras se ha visto influenciada por la movilización popular en defensa de la diversidad democrática y la inclusión política. En Tegucigalpa, una multitud variada, que incluye a integrantes de organizaciones civiles, estudiantes universitarios, dirigentes comunitarios y ciudadanos independientes, se reunió frente al Congreso Nacional para llevar a cabo una vigilia pacífica. El objetivo central de este acto fue demandar garantías completas y respeto a los partidos políticos menos representados en el contexto del proceso electoral que finalizará con las elecciones generales de noviembre de 2025. La vigilia, caracterizada por el uso de velas y carteles, funcionó como una respuesta simbólica frente a lo que los manifestantes ven como una amenaza al sistema de múltiples partidos, en medio de alegaciones de presiones, bloqueos administrativos y exclusión mediática hacia partidos nuevos.
La manifestación sirvió también como plataforma para criticar acciones que, según los participantes, restringen la participación justa en las discusiones públicas, establecen barreras injustificadas para el registro de partidos y perpetúan discursos oficiales que desvalorizan a los grupos no convencionales. Además, mencionaron el uso de fondos públicos para favorecer a los partidos en el poder. Durante el evento, se entregó una carta abierta al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), solicitando condiciones equitativas, transparencia en el acceso a medios estatales y protección contra el hostigamiento político a candidatos independientes o de minorías.
Marco del proceso de elecciones y alegatos de exclusión
El proceso electoral en Honduras para 2025 se lleva a cabo en medio de una notable tensión y polarización. Las elecciones primarias, que tuvieron lugar el 9 de marzo, incluyeron a los tres principales partidos: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Nacional y el Partido Liberal. Estos comicios se vieron afectados por demoras sustanciales en la distribución de los materiales electorales, especialmente en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que causó malestar y acusaciones de irregularidades por parte de votantes y dirigentes políticos. El CNE admitió haber enfrentado problemas logísticos, mientras que facciones de la oposición señalaron a las Fuerzas Armadas y a la ministra de Defensa, quien también es precandidata presidencial, por presunta manipulación de los eventos.
En este contexto, los partidos emergentes han denunciado propuestas legislativas que buscan adelantar la fecha límite para la presentación de planillas, lo que consideran una medida que restringe sus posibilidades de participación y consolida la exclusión política. Estas acciones se suman a reclamos por el uso desigual de recursos públicos y la falta de acceso equitativo a los medios de comunicación estatales. La preocupación de la sociedad civil y de los partidos minoritarios se centra en la necesidad de preservar la pluralidad política y evitar que las prácticas restrictivas se consoliden de cara a las elecciones generales de noviembre de 2025.
Respuestas de las instituciones y solicitudes de la población
La manifestación frente al Congreso Nacional evidenció la monitorización constante de la ciudadanía sobre el proceso democrático. Los participantes presentaron oficialmente sus peticiones a las entidades electorales, requiriendo condiciones equitativas para todos los partidos participantes y asegurando la transparencia en la distribución de tiempo en los medios estatales. Asimismo, demandaron protección real contra el hostigamiento político, en particular para candidatos independientes o de agrupaciones minoritarias.
El mandato legislativo 2022-2026 del Congreso Nacional, que comenzó después de las elecciones de 2021, se ha caracterizado por divisiones y momentos de crisis interna, como el conflicto en la selección de la junta directiva y la división de grupos parlamentarios. Este escenario ha aumentado la percepción de que hay prácticas que benefician a los partidos de siempre y complican la participación de nuevos movimientos políticos. La sociedad civil ha reafirmado su compromiso de supervisar y proteger los espacios de libertad y participación política, destacando que la diversidad es un componente fundamental para la democracia en Honduras.
