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La medida de emergencia en Honduras, instaurada desde diciembre de 2022, sigue generando polémica por su extensión y las inquietudes sobre posibles excesos de autoridad y transgresiones a los derechos humanos. Esta acción fue proclamada por el gobierno de la presidenta Xiomara Castro con el propósito declarado de enfrentar el crimen, especialmente el cobro indebido y las actividades de bandas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. La implementación del estado de emergencia ha conllevado la suspensión de ciertas garantías constitucionales, permitiendo arrestos sin orden judicial y restricciones a la libre circulación en varias áreas del país.
Desde su implementación, el estado de emergencia ha sido extendido en varias ocasiones. En enero de 2025, la acción se amplió por 45 días adicionales, cubriendo 226 de los 298 municipios del país. Aunque las autoridades sostienen que esta medida es crucial para combatir la delincuencia, distintos sectores han manifestado su inquietud por posibles abusos y la ausencia de resultados tangibles.
Análisis sobre la eficiencia y los derechos humanos durante el estado de emergencia
Entidades como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) han advertido que el estado de excepción amenaza los derechos humanos, exhortando al gobierno de Honduras a asegurar el respeto al Estado de Derecho y evitar limitaciones indebidas a las libertades básicas. El gobierno ha informado sobre una reducción en la tasa de homicidios y la desarticulación de grupos criminales durante la vigencia del estado de excepción. No obstante, reportes señalan que las extorsiones y la violencia aún afectan a los ciudadanos. También se han registrado denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad, como detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
La extensión de esta acción ha provocado una discusión sobre su eficacia y las consecuencias para los derechos humanos. Aunque el Gobierno argumenta que el estado de emergencia es un recurso esencial para luchar contra la delincuencia, entidades nacionales e internacionales llaman a reevaluar su uso y asegurar que las estrategias de seguridad no pongan en riesgo las libertades esenciales de las personas.
Por lo tanto, la implementación del estado de excepción en Honduras simboliza una acción polémica que intenta combatir la violencia delictiva, pero que ha suscitado una discusión acerca de su eficiencia, legalidad y respeto por los derechos humanos. La extensión de esta condición excepcional presenta retos para asegurar las libertades esenciales y el fortalecimiento de un sistema democrático que resguarde tanto la seguridad como los derechos de los ciudadanos.
