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En Honduras, el incidente Koriun Inversiones ha causado gran inquietud entre la población debido a la carencia de respuestas definidas y medidas firmes por parte del Estado. A más de tres meses de descubrirse la estafa financiera millonaria, miles de perjudicados siguen sin recuperar sus fondos y sin que los responsables enfrenten la justicia. La falta de progresos visibles en las investigaciones, junto con el silencio del Ministerio Público y la pasividad gubernamental, ha despertado dudas sobre un posible encubrimiento o protección política que impide que se alcance la justicia de manera adecuada.
Simultáneamente, especialistas en leyes y figuras influyentes han manifestado su desaprobación hacia la posibilidad de que el gobierno emplee fondos estatales para compensar a las personas afectadas por este engaño privado. Se advierte que dicha medida podría ser ilegal y contraria a la constitución, además de implicar riesgos fiscales y políticos considerables. En este escenario, la demanda social se enfoca en que el asunto permanezca dentro del marco jurídico, con claridad y sin transformarse en una acción populista que ponga en riesgo la legalidad y el uso adecuado de los recursos públicos.
El debate sobre la reacción gubernamental frente al fraude Koriun
El plan piramidal de Koriun Inversiones funcionó por años ofreciendo retornos mensuales del 20 %, sin ningún tipo de regulación o vigilancia oficial. A pesar de que el Ministerio Público confiscó más de 358 millones de lempiras, las averiguaciones no han progresado hacia el procesamiento legal de los cabecillas del engaño, ni se ha aclarado cómo se manejan los activos confiscados. Esta situación ha provocado una creciente indignación entre las familias perjudicadas, que han perdido sus ahorros, tomado préstamos e incluso perdido sus hogares, y que exigen justicia, claridad y la recuperación de su dinero.
El silencio y la aparente pasividad del Gobierno y del Ministerio Público han alimentado la percepción de que existe una red de protección política que impide el esclarecimiento total del caso. Voces de diversos sectores sociales y jurídicos han señalado que la falta de responsables detenidos y el manejo oscuro de los activos incautados reflejan una negligencia estatal que podría estar favoreciendo la impunidad. La presión ciudadana se mantiene firme en exigir que se actúe con celeridad y sin sesgos políticos para garantizar que los culpables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
Repercusiones legales y económicas del posible uso de recursos públicos para compensar
Los juristas y economistas han alertado que emplear fondos estatales para indemnizar a las víctimas de Koriun podría considerarse malversación de fondos públicos, sobre todo si no hay un marco legal aprobado por el Congreso que lo respalde. Los funcionarios que autoricen estos pagos sin respaldo legal adecuado podrían enfrentar cargos penales por abuso de autoridad y violación de deberes oficiales. Asimismo, el asumir esta deuda podría desequilibrar las finanzas del Estado, impactando áreas clave como salud y educación, y podría enviar un mensaje que fomente la impunidad en futuros esquemas de fraude.
