_-_copia.jpg?w=800&resize=800,500&ssl=1 "Fuerzas armadas de Honduras")
El ciclo electoral en Honduras para 2025 ha estado caracterizado por diversos eventos que han aumentado la incertidumbre y la discusión respecto a la estabilidad democrática del país. Un reporte de análisis interno del Consejo Nacional Electoral (CNE) culpó a las Fuerzas Armadas por significativos errores logísticos durante los comicios primarios, mientras que decisiones recientes relacionadas con el desarme selectivo de oficiales han levantado dudas sobre la imparcialidad del sistema militar.
En este escenario, además se añade la petición de especialistas en derecho constitucional para modificar la Carta Magna y remover a los militares de cualquier rol en el ámbito electoral, en un ambiente donde la confianza de la población en los procedimientos y sus resultados está en su punto más bajo.
Revisión del CNE y discusión sobre el rol militar en elecciones
El informe de auditoría interna del CNE, filtrado a medios nacionales, detalló que la entrega tardía, incompleta y descoordinada del material electoral en numerosos centros de votación fue consecuencia de irregularidades en el cumplimiento del protocolo logístico por parte de los cuerpos militares, quienes tenían bajo su responsabilidad el resguardo y la distribución de las maletas electorales.
Entre los hallazgos más relevantes se identificaron desvíos de rutas sin justificación, retención de unidades de transporte electoral durante varias horas, entrega incompleta de kits tecnológicos a zonas rurales y falta de comunicación entre mandos militares y coordinadores electorales. Estos hechos provocaron retrasos de hasta 12 horas en la apertura de urnas, afectando la participación ciudadana y generando dudas sobre la transparencia del proceso, especialmente respecto del Partido LIBRE, del que ya se habían denunciado irregularidades.
La divulgación del reporte aconteció en medio de un ambiente político tenso, habiendo un temor creciente de que el Ejército no mantenga su imparcialidad en los comicios generales programados para el 30 de noviembre de 2025. Hasta ahora, los líderes militares no han realizado un comunicado oficial y la administración del Partido LIBRE no ha hecho comentarios, lo cual algunos grupos han interpretado como un signo de complicidad.
Ante esta situación, partidos de oposición como el Nacional, Liberal y Salvador de Honduras han exigido una revisión total del convenio de apoyo logístico entre el CNE y las Fuerzas Armadas, la presencia temprana de observadores internacionales y auditorías externas al sistema de transmisión de resultados.
Oficiales desarmados de manera selectiva y conflictos internos en el Ejército
En el contexto de la polarización política, la medida tomada por el Estado Mayor Conjunto de retirar las armas a ciertos oficiales de las Fuerzas Armadas ha causado inquietud en sectores militares, políticos y entre la población civil. De acuerdo con reportes de fuentes castrenses y quejas publicadas por la prensa nacional, el retiro de armas no se está implementando de forma generalizada ni por motivos técnicos o de seguridad, sino más bien dirigido a oficiales que han expresado opiniones institucionales independientes o críticas hacia las autoridades gubernamentales.
Esta acción ha sido vista como un esfuerzo por realizar una limpieza discreta en el sector militar, quebrando la costumbre de imparcialidad y despertando dudas acerca del propósito de asegurar un dominio político completo sobre el sistema de seguridad del país frente a las elecciones generales.
La eliminación parcial de armamento se añade a diversas medidas recientes, como alteraciones en la dirección militar y reubicaciones forzadas, que han aumentado la fricción y el desagrado dentro de la organización, especialmente entre mandos medios y altos. Ciertos oficiales despojados de armas han sido reasignados a tareas administrativas, lo cual se interpreta como una manera de apartarlos del núcleo operativo y del contexto electoral.
La preocupación principal de los líderes opositores y grupos democráticos es que, si el partido oficial pierde en los comicios, el Gobierno recurra a las Fuerzas Armadas para ignorar los resultados o sofocar protestas del pueblo.
Estos eventos han intensificado la discusión nacional sobre la urgencia de actualizar y proteger los procedimientos electorales contra cualquier intervención armada, particularmente en un contexto donde se está poniendo en duda la estabilidad democrática de Honduras. La demanda social y política para que el Congreso promueva una enmienda constitucional que revise el papel de las Fuerzas Armadas en la democracia de Honduras se ha convertido en un tema crucial en el debate público de cara a las futuras elecciones generales.
