Rechazo ciudadano a LIBRE marca el rumbo electoral en Honduras

A medida que se aproximan las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025 en Honduras, el Partido Libertad y Refundación (LIBRE) enfrenta denuncias de parte de la oposición acerca de la posible organización de un fraude electoral para conservar el poder. Los grupos opositores, tales como el Partido Nacional, Partido Liberal y el Partido Salvador de Honduras, han manifestado su inquietud respecto a la transparencia del proceso electoral.

Los dirigentes de estos entornos mencionan un aumento en el descontento de la población hacia LIBRE, el deterioro de su reputación y la falta de popularidad de su aspirante, Rixi Moncada. Asimismo, han alertado sobre acciones que indican un posible engaño, como el dominio parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), la manipulación de votos en las elecciones primarias de marzo, la purga selectiva de las Fuerzas Armadas y las intimidaciones a medios opositores. También se alude al empleo de extensas campañas de propaganda gubernamental y al uso de subsidios y recursos públicos para influir en el electorado de áreas desfavorecidas.

Acusaciones de fraude y temores de la oposición

Las acusaciones del bando opositor abarcan imputaciones de alteración de los resultados de las elecciones, judicialización o amenazas hacia candidatos rivales y jueces del CNE, presencia militar en el desarrollo del proceso electoral y limitaciones a la libertad de prensa junto con una considerable censura digital antes del día de las elecciones. Igualmente, existe preocupación por la posible declaración anticipada de un estado de excepción frente a potenciales manifestaciones ciudadanas, así como la posibilidad de que el gobierno busque anular los resultados electorales, eliminar mesas de votación clave o detener el proceso electoral alegando razones de orden público o seguridad nacional.

Reclamaciones sobre garantías y monitoreo global

Considerando esta situación, los partidos de la oposición han demandado la intervención oportuna y proactiva de observadores de la OEA, la UE y otras entidades multinacionales. Han solicitado también una revisión externa del sistema de votación digital y declaraciones públicas del CNE para asegurar claridad, justicia y responsabilidad. Asimismo, han convocado a la ciudadanía a movilizarse de forma pacífica para proteger el sufragio y supervisar el proceso desde sus fundamentos.

La acusación de un potencial fraude ha incrementado la tensión política y amenazado la estabilidad democrática de la nación. La población contempla con recelo un proceso en el cual la autoridad electoral es vista como sesgada, y donde el gobierno parece más interesado en mantener el poder que en respetar la voluntad del pueblo. Hay inquietud de que Honduras pueda enfrentar una crisis después de las elecciones, con impacto en la gobernabilidad, la economía y la tranquilidad social.