El establecimiento de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), uno de los compromisos más importantes de campaña de la presidenta Xiomara Castro, se ha postergado otra vez tras la quinta renovación del acuerdo con Naciones Unidas. El anuncio, efectuado esta semana, coincide con la ausencia de progresos en el Congreso Nacional para aprobar reformas constitucionales vitales para que el mecanismo anticorrupción funcione adecuadamente.
El estancamiento ha dado lugar a renovadas críticas de varios sectores de la sociedad civil y de la comunidad internacional, que ven la demora como un indicio de la disminución del compromiso del gobierno con la lucha contra la impunidad. La ausencia de acuerdos legislativos, especialmente en cuanto a la eliminación de la inmunidad parlamentaria, obstaculiza la implementación efectiva de la CICIH, a pesar de que se presentó un segundo proyecto formal a la ONU en septiembre de 2024.
Respuestas de instituciones y sociedad
El Poder Ejecutivo ha manifestado varias veces su intención de conformar la comisión, indicando progresos en los diálogos con Naciones Unidas. Sin embargo, las condiciones previas para llevarla a cabo dependen de modificaciones legales y constitucionales que requieren la aprobación del Congreso, donde no se ha conseguido el apoyo necesario.
Ante la extensión reciente, sectores claves han manifestado su desacuerdo con la gestión del proceso. Una legisladora del Partido Nacional describió la renovación como “un golpe al pueblo que creía en la promesa de equidad”, mostrando el descontento en la oposición política. Mientras tanto, entidades como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Transparencia Internacional y el Colegio de Abogados han instado a superar el estancamiento institucional que impide el progreso del proyecto.
Dificultades políticas y agotamiento de la población
El establecimiento de la CICIH enfrenta diversos desafíos políticos. Uno de los principales es la modificación de estructuras legales que eliminaría protecciones legislativas vistas por varios grupos sociales como un impedimento para luchar contra la corrupción de manera eficaz. La ausencia de compromiso político en el Congreso ha sido identificada por múltiples actores como una de las razones clave del impasse.
A más de dos años del inicio de la actual gestión de Castro, las organizaciones de sociedad civil y redes ciudadanas denuncian un distanciamiento entre las promesas iniciales y las acciones efectivas. Desde estos sectores se señala que la postergación reiterada de decisiones clave ha erosionado la confianza en la administración y en el sistema institucional en su conjunto.
Acciones de llamada e influencia internacional
El actualizado acuerdo de colaboración no presenta un plazo definido para el establecimiento de la CICIH, lo que, de acuerdo con analistas internacionales, podría comprometer la confianza del país en aspectos de cooperación global. La sensación de estancamiento ha provocado dudas entre partes externas, lo que podría resultar en impactos adversos para el apoyo financiero y técnico que Honduras obtiene para mejorar su estructura democrática.
Frente a esta situación, diferentes opiniones han señalado la urgencia de agilizar el proceso mediante la rápida aprobación de las reformas requeridas, lo cual facilitaría la firma de un acuerdo final con la ONU. Estas medidas, afirman, no solo activarían un mecanismo para enfrentar la corrupción, sino también demostrarían un firme compromiso con la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.
Escenario institucional ambiguo
La demora en la implementación de la CICIH pone de manifiesto los problemas estructurales que enfrenta Honduras al intentar establecer un sistema independiente y eficiente. La continua presencia de barreras legales, junto con la ausencia de acuerdos políticos, deja en espera una de las iniciativas más importantes para combatir la impunidad en el país.
El escenario destaca las fricciones entre los acuerdos globales del Gobierno y las dinámicas internas del Congreso, junto con el reto de convertir promesas políticas en reformas estructurales tangibles. Al mismo tiempo, la nación sigue sin contar con un mecanismo internacional que respalde la investigación de casos de gran relevancia, lo cual plantea dudas sobre la viabilidad de los esfuerzos institucionales para enfrentar la corrupción a corto y mediano plazo.
