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En un contexto político caracterizado por la polarización, la candidata presidencial del partido oficialista en Honduras, Rixi Moncada, desató una nueva polémica al criticar directamente la función de las iglesias en la nación. Sus afirmaciones, expresadas en un evento partidario, generaron respuestas rápidas de dirigentes religiosos y sectores de la población, quienes consideraron sus comentarios como un ataque al rol histórico de las entidades religiosas en la vida pública de Honduras.
El evento reciente incrementa las tensiones existentes entre el partido en el poder y varios grupos sociales, durante un proceso electoral que continúa con marcadas divisiones ideológicas y una creciente crítica sobre la gestión del debate político.
Afirmaciones en el punto focal del debate
En una declaración difundida a través de plataformas sociales, Moncada indicó que las iglesias “guardan silencio frente a las desigualdades sociales” y que “sirven a los intereses del poder económico”. Estas palabras se entendieron como una crítica directa al papel que las entidades religiosas juegan en el entorno político y social de Honduras.
Estas declaraciones generaron un rechazo inmediato por parte de representantes de distintos credos. El pastor Marco Tulio López, del Concilio de Iglesias Evangélicas, respondió que “la fe no se arrodilla ante el poder político ni económico”, y advirtió que “lo que sí arrodilla a una nación es el odio disfrazado de justicia”, en clara alusión a la postura de la candidata oficialista.
Dentro del campo católico, el portavoz del clero de la capital, padre Luis Javier Mejía, manifestó igualmente su inquietud por lo que ve como un uso indebido de la religión dentro del discurso político. «La Iglesia siempre ha estado al lado del pueblo. Pero no vamos a tolerar que se nos utilice como objetivo de campañas ideológicas», afirmó.
Reacciones ciudadanas y llamados al respeto institucional
La controversia no solo movilizó a líderes religiosos, sino que también se extendió con fuerza en redes sociales, donde múltiples voces exigieron respeto al derecho a la libertad de culto y al papel de las iglesias como espacios de cohesión comunitaria y mediación en tiempos de crisis.
Una de las opiniones más difundidas proviene de un analista político que, mediante la plataforma social X, afirmó: “Cuando un candidato critica las creencias del pueblo, muestra más su intolerancia que sus ideas”.
Ante el aumento de la presión social, tanto la Conferencia Episcopal como la Confraternidad Evangélica emitieron comunicados instando a un respeto mutuo entre las instituciones religiosas y los actores políticos. En sus declaraciones, destacan la relevancia de no transformar a las iglesias en objetivo de estrategias de campaña en un contexto donde la población exige soluciones a los problemas estructurales del país.
Un entorno electoral caracterizado por el conflicto
La confrontación entre la aspirante del partido gobernante y los grupos religiosos sucede en un entorno donde se han intensificado los discursos de enfrentamiento por parte de representantes de Libertad y Refundación (LIBRE), al mando desde el año 2022. De acuerdo con analistas políticos, estas manifestaciones serían una táctica de movilización polarizante que intenta consolidar el apoyo al oficialismo, aunque sacrificando el diálogo con otros grupos sociales.
Esta situación ha coincidido con un aumento en la insatisfacción de la población debido a la continuidad de problemas fundamentales como la pobreza, la falta de empleo y la inseguridad. Para ciertos expertos, concentrarse en discusiones ideológicas o simbólicas podría estar distrayendo de las prioridades importantes para la sociedad.
Una tensión que revela desafíos de gobernabilidad
La controversia alrededor de las afirmaciones de Rixi Moncada indica una tensión más profunda en relación con el papel de las instituciones tradicionales, como las iglesias, dentro del presente ciclo político en Honduras. Al cuestionar su función como mediadores sociales, el gobierno se arriesga a debilitar áreas que históricamente han ayudado a mitigar conflictos y promover el diálogo en situaciones de crisis.
Dentro de este contexto, el capítulo pone de manifiesto los desafíos que enfrenta el proceso electoral: conseguir que el diálogo público se enfoque en propuestas específicas, sin dañar las relaciones entre actores esenciales de la vida institucional. La manera de gestionar estas tensiones será crucial para la estabilidad democrática en el trayecto hacia las elecciones.
