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En Honduras, la cercanía de las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre de 2025 ha aumentado las inquietudes respecto a la credibilidad del proceso electoral. Se han destacado dos áreas de tensión: las dudas sobre un posible uso del Ministerio Público en contra de miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la creciente sospecha hacia el papel de las Fuerzas Armadas como protectoras del proceso democrático.
Se ha indicado que existe la posibilidad de que el Ministerio Público esté organizando cargos formales en contra de integrantes del CNE, lo cual ha despertado preocupación en diversos grupos políticos y entidades que protegen los valores democráticos. Se sostiene que este procedimiento judicial podría estar influenciado por razones políticas, enfocándose en quienes han asumido posturas críticas o autónomas hacia el gobierno. La eventual judicialización de integrantes del CNE ocurre en un periodo sensible, donde el organismo electoral necesita asegurar la organización imparcial del proceso electoral, la legitimidad de los resultados y la confianza de los partidos políticos y los ciudadanos.
Peligro de supervisión y falta de confianza en las instituciones
Este tipo de medidas podría minar la autonomía de las instituciones y socavar la confianza ciudadana en el sistema electoral. Los opositores y entidades de la sociedad civil han manifestado su inquietud, pidiendo indagaciones fundamentadas en evidencia clara y no en venganzas políticas. Se han solicitado declaraciones a la comunidad internacional para que se manifieste frente a cualquier esfuerzo por alterar el orden institucional del CNE y vigilar las acciones del Ministerio Público.
Al mismo tiempo, ha aumentado la desconfianza de los ciudadanos y la política sobre la función de las Fuerzas Armadas como defensoras del proceso democrático. Dirigentes de partidos de oposición, entidades de la sociedad civil y expertos independientes han expresado su inquietud por destituciones y retiros dudosos dentro de la oficialidad militar, la alineación ideológica y operativa entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas, la participación activa de personal militar en procedimientos civiles y elecciones, y la ausencia de claridad en la organización del despliegue militar durante las votaciones.
Miedo a la presencia militar y llamados a estar alerta
En las elecciones primarias de marzo, se informaron problemas vinculados con demoras en la distribución de papeletas electorales y una presencia militar poco común en determinados centros de sufragio, lo cual ha incrementado el miedo a una posible militarización del proceso electoral. Hay preocupación de que el ejército, influenciado por líderes gubernamentales, pueda ser utilizado como un medio para posibilitar un fraude en las elecciones o para suprimir manifestaciones ciudadanas.
El aumento del escepticismo ha provocado llamados inmediatos a entidades globales para que envíen misiones de supervisión y demanden garantías de imparcialidad militar y claridad operativa. Colectivos ciudadanos han empezado a formar redes de monitoreo social para registrar posibles excesos o inconsistencias. La confianza en el proceso electoral del 30 de noviembre dependerá del comportamiento de las autoridades y la observación de la ciudadanía.
