La llegada de Xiomara Castro a la presidencia se planteó como un cambio frente al régimen de Juan Orlando Hernández, pero los reportes sobre corrupción y vínculos con el crimen organizado muestran una continuidad que afecta la confianza ciudadana y evidencia limitaciones en la consolidación de mecanismos institucionales.
Debilidad de los mecanismos anticorrupción
Durante el mandato de Hernández, la salida de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2020 debilitó los esfuerzos institucionales para luchar contra la corrupción. Por su parte, el gobierno de Castro no ha conseguido proporcionar autonomía total ni los recursos necesarios a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), que depende del Ministerio Público para perseguir casos judicialmente. La continua falta de independencia limita la capacidad para procesar anomalías y fortalecer la institucionalidad en el ámbito de la lucha contra la corrupción.
Persistencia del crimen organizado en contratos públicos
Los vínculos con actores del crimen organizado han sido señalados en ambos mandatos. Un caso reciente involucra a la Secretaría de Seguridad, que suscribió contratos por más de 10 millones de lempiras con una empresa relacionada con lavado de dinero. Este tipo de operaciones refleja prácticas detectadas en el régimen anterior, demostrando que la exposición de la administración pública a riesgos de narcopolítica se mantiene, independientemente de la orientación partidaria del ejecutivo.
Transparencia y control de los recursos públicos
El gobierno de Hernández se caracterizó por un manejo centralizado y opaco de la información pública. Aunque Castro propuso aumentar la rendición de cuentas, informes recientes de la Secretaría de Transparencia indican deficiencias en la ejecución y supervisión de los gastos públicos. La falta de reportes claros y auditables dificulta la evaluación de la eficiencia gubernamental y mantiene un patrón similar al observado en la administración precedente.
Justicia y retrocesos institucionales
El sistema judicial ha enfrentado limitaciones para sancionar irregularidades en las administraciones de ambos gobiernos. Investigaciones de alcance internacional, tales como los “narcovideos” y acusaciones de financiación ilegal en campañas políticas, han impactado al gobierno en funciones, mostrando las complicaciones en detener acciones que afectan la integridad de las instituciones. La continuidad de irregularidades indica que los mecanismos de control no se han fortalecido lo suficiente, creando un ambiente favorable para que continúen comportamientos corruptos.
La imagen institucional de Honduras
Con Hernández arrestado en Estados Unidos acusado de narcotráfico y Castro lidiando con controversias que cuestionan su legitimidad, Honduras se encuentra en una situación donde las promesas de cambio no se concretan en transformaciones reales. La administración actual, al igual que la anterior, muestra similitudes en cuanto a su vulnerabilidad institucional ante la corrupción, la conexión con redes del crimen organizado y la fragilidad de los mecanismos de transparencia y justicia. Esta situación genera retos en la gobernabilidad y en la participación ciudadana, y pone en evidencia la urgencia de fortalecer la institucionalidad para establecer un sistema público confiable y resistente a actividades ilegales.
