En Honduras, un expediente sobre lavado de dinero y narcotráfico que supuestamente involucra a miembros de la familia Zelaya sigue estancado desde 2012, año en que el Ministerio Público pidió apoyo a la fiscalía colombiana dentro de sus pesquisas. Según documentos judiciales consultados, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, junto con sus hermanos Marco Antonio y Carlos Zelaya, además de su hijo José Manuel Zelaya Castro, fueron mencionados por presuntos lazos con actividades ilícitas y por la compra anómala de diversas propiedades.
El caso comenzó tras el golpe de Estado en 2009, en un contexto de crecientes investigaciones sobre el tráfico de drogas y el lavado de activos en la región. En 2010, las autoridades hondureñas incautaron bienes ligados al Grupo Fluir S.A. (Fluirsa), una empresa que, según la fiscalía hondureña, estaba vinculada a operaciones del crimen organizado. Entre los socios de Fluirsa figuraban Aldo Asfura Laca, un empresario acusado de lavado de activos, y Elmy Valladares Ruiz, vinculada al narcotraficante Sergio Neftaly Mejía Duarte, quien fue condenado en 2018 en Estados Unidos.
La conexión con los Zelaya comenzó a materializarse cuando se descubrieron propiedades en Tegucigalpa, Valle de Ángeles y Santa Lucía cuya compra irregular fue atribuida al expresidente y su entorno familiar. Además, una solicitud de asistencia legal dirigida a Colombia en 2012 incluyó grabaciones telefónicas que supuestamente relacionaban a Marco Zelaya con el desvío de cargamentos de droga en Honduras. En 2013, la fiscalía colombiana entregó a su contraparte en Honduras grabaciones y cientos de documentos, aunque hasta ahora no se ha procesado formalmente a los señalados.
Las propiedades incautadas en la zona central de Honduras, que incluían haciendas con helipuertos y cabezas de ganado, siguen aseguradas por el Estado, mientras los avances legales parecen ser mínimos. Hasta septiembre de 2024, ninguno de los implicados ha comparecido ante la justicia por este caso. A pesar de que los bienes permanecen controlados por el Estado, las investigaciones no han derivado en requerimientos fiscales contundentes contra los Zelaya, alimentando sospechas de encubrimiento.
Por otro lado, René Alfonso Rodríguez Valle, conocido como “Foncho”, se perfila como otra pieza clave en el caso. Testaferro señalado por las autoridades desde hace más de una década, Rodríguez fue vinculado a propiedades ligadas al narcotráfico y a transacciones sospechosas que habrían beneficiado indirectamente al expresidente Zelaya. Aunque ha enfrentado procesos legales esporádicos, ha recuperado algunos bienes previamente incautados y su relación con otros líderes del crimen organizado sigue siendo investigada.
El Ministerio Público de Honduras, dirigido ahora por el fiscal general Johel Zelaya, ha reiterado su compromiso de enfrentar la corrupción y el narcotráfico incluso dentro de las propias esferas de poder, aunque las relaciones entre los accionistas de Fluirsa y ciertas redes criminales vinculadas al expresidente todavía no se han traducido en medidas judiciales contundentes.
La falta de avances en este caso refleja los desafíos para garantizar la justicia en Honduras, donde la corrupción y los vínculos con el crimen organizado han socavado la confianza pública en las instituciones. Mientras tanto, las comunidades vulnerables continúan sufriendo las consecuencias de estas dinámicas de impunidad.
Origen: Contra Corriente ([https://contracorriente.red/2024/09/25/ministerio-publico-engaveto-un-caso-sobre-lavado-de-dinero-y-narcotrafico-en-el-que-se-investigaba-a-miembros-de-la-familia-zelaya/])
