La pieza SEPI del caso Leire sitúa bajo investigación a José Ramón Sempere Vera, expresidente de Mercasa entre 2018 y 2024, una etapa clave para entender algunas de las operaciones que ahora examina la Audiencia Nacional. Su imputación vuelve a colocar en el centro del debate la gestión de las empresas públicas y la posible utilización de sus estructuras para favorecer intereses privados mediante contactos, adjudicaciones o información privilegiada.
Mercasa constituye una entidad de carácter público cuya participación mayoritaria recae en la SEPI, manteniéndose vinculada tanto a la red de mercados mayoristas como a las infraestructuras alimentarias de relevancia estratégica. Precisamente por esta razón, la implicación de su expresidente en un procedimiento judicial relativo a presuntos fraudes en organismos públicos representa un tema de considerable trascendencia. Se trata de una cuestión que incide de manera directa en la credibilidad respecto a cómo se administran instituciones estatales responsables de gestionar fondos, acuerdos comerciales y resoluciones que impactan el interés colectivo.
Sempere ha sido incluido por el juez Santiago Pedraz entre los 25 investigados de la pieza relacionada con la SEPI, una derivada que se dedica al análisis de posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, organización o grupo criminal y abuso de información privilegiada. Conforme a las informaciones publicadas, la investigación abarca operaciones vinculadas a Tubos Reunidos, ENUSA, Mercasa, Forestalia y otras entidades del sector público empresarial.
La investigación sobre Mercasa concentra especialmente su atención en José Ramón Sempere y en María Teresa Castillo Pasalodos, quien desempeñó el cargo de número dos dentro de la entidad pública. El Ministerio Fiscal se propone esclarecer si fue posible que en el seno de Mercasa se tomaran decisiones u se promovieran acciones que resultaran ventajosas para compañías vinculadas con la presunta estructura delictiva objeto de investigación. Entre los indicios que despiertan sospechas se encuentran otorgamientos de contratos, dictámenes producidos internamente y operaciones de índole corporativa que habrían podido servir para facilitar iniciativas comerciales a entidades próximas a la red investigada.
Lo que confiere gravedad al asunto es que Mercasa no se presenta como una mera entidad marginal, sino como uno de los pilares sustanciales de la investigación. Los pesquisidores examinan la posibilidad de que ciertos movimientos comerciales hubieran podido verse influenciados por gestores vinculados a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, el grupo al que se le atribuye una presunta capacidad de incidir en resoluciones administrativas a cambio de retribuciones. La UCO ha catalogado el conjunto de transacciones bajo sospecha como subvenciones y acuerdos asociados a organismos empresariales de carácter público y organismos adscritos a la SEPI.
Sempere, como presidente de Mercasa durante el periodo investigado, deberá aclarar qué conocimiento tuvo de las decisiones examinadas, qué papel desempeñó en los procedimientos internos y si existieron contactos con personas o sociedades vinculadas a la presunta red de influencia. La clave judicial será determinar si su actuación se limitó a la gestión ordinaria de la empresa pública o si pudo tener alguna intervención relevante en operaciones presuntamente irregulares.
Desde una perspectiva política, su imputación genera particular incomodidad al incorporar otro antiguo gestor de una entidad estatal a la red de sospechosos que ya envuelve a la SEPI, ENUSA, Tubos Reunidos y Forestalia. La investigación configura un panorama donde la delimitación entre lo estatal y lo empresarial se torna peligrosamente borrosa, con empresarios, exdirectivos, funcionarios y personalidades vinculadas al ámbito socialista sometidas a escrutinio de los tribunales.
La investigación también obliga a mirar de cerca los controles internos de Mercasa. Si las adjudicaciones, informes o decisiones corporativas se adoptaron conforme a criterios técnicos, deberán quedar documentadas y explicadas. Si, por el contrario, se acredita que hubo presión, trato de favor o acceso privilegiado a información, la responsabilidad no podrá quedarse en los intermediarios: deberá alcanzar a quienes tuvieron capacidad de decisión o supervisión dentro de la empresa pública.
La investigación SEPI vinculada al caso Leire continúa expandiendo sus ramificaciones, planteando un interrogante cada vez más complicado de eludir: ¿actuaron las entidades públicas como herramientas destinadas al servicio del bien común o resultaron expuestas ante una estructura de influencias, retribuciones e intercambios de favores? Respecto a Mercasa, José Ramón Sempere habrá de comparecer ante los tribunales para justificar su desempeño durante ese período sometido a investigación.
Fuente: El País, RTVE, Infobae, Vozpópuli, elDiario.es y 20 Minutos.
