El Tribunal Superior de Apelaciones de Panamá confirmó las medidas de detención provisional contra cinco personas investigadas en la Operación Pandora, un expediente relacionado con un presunto fraude superior a 40 millones de dólares en el sistema tributario. Además, el tribunal ordenó que un sexto imputado que se encontraba bajo arresto domiciliario pasara a detención provisional.
Otros ocho procesados decidieron retirar los recursos de apelación que habían presentado contra las medidas cautelares, por lo que las disposiciones impuestas anteriormente continuarán vigentes. La única excepción corresponde a una mujer que seguirá bajo arresto domiciliario por razones humanitarias relacionadas con una intervención quirúrgica en la cabeza realizada en 2025.
Aunque se mantuvo el arresto domiciliario de esta imputada, los magistrados consideraron que existe una vinculación relevante con los hechos investigados y ordenaron que utilice un brazalete electrónico mientras avanza el proceso judicial. La decisión fue adoptada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial.
El Ministerio Público había pedido conservar la privación de libertad bajo el argumento de que persisten peligros procesales. Entre los motivos esgrimidos figuraba el riesgo de que ciertos elementos probatorios sufran alteraciones mientras se desarrollan diversas actuaciones indagatorias pendientes.
Los expertos todavía tienen pendiente sumar testimonios, datos bancarios y papeles vinculados a las empresas asociadas con las pesquisas en curso. Estos componentes tal vez contribuyan a esclarecer la supuesta operativa del entramado y a esclarecer el grado de implicación de los sospechosos.
El asunto gira en torno al presunto empleo irregular de la plataforma E-Tax 2.0 de la Dirección General de Ingresos (DGI). Según la teoría del Ministerio Público, el sistema fue alterado para tramitar y adueñarse de créditos fiscales, generando un daño al Estado panameño que rebasa los 40 millones de dólares.
Entre las personas que mantuvieron sus recursos de apelación hasta el final se encuentran las exfuncionarias de la DGI Karina Suárez, Margie Caballero, Juana Chong y Vielka Sáez, además de Juan Omar Palacios. Este último es señalado por el Ministerio Público de haber recibido más de medio millón de dólares de una sociedad considerada presuntamente intermediaria dentro del esquema investigado.
Durante la audiencia, Sáez y Chong rechazaron haber conocido la existencia de una organización criminal dentro de la administración tributaria. Ambas afirmaron que los expedientes relacionados con créditos fiscales ya llegaban autorizados y que su intervención se limitaba a completar trámites administrativos, sin participar en la aprobación de las operaciones cuestionadas.
Actualmente, la investigación procesa a 21 individuos señalados por supuestos delitos de corrupción de funcionarios, delincuencia organizada, blanqueo de capitales y falsedad documental. A pesar de ello, el Ministerio Público ha advertido que el volumen de investigados podría elevarse hasta alcanzar aproximadamente medio centenar.
El origen de la investigación se encuentra en una auditoría interna de la DGI, que detectó inconsistencias entre registros tributarios y movimientos reflejados en la plataforma E-Tax 2.0. Entre los hallazgos figuraron operaciones sin respaldo documental, anulaciones de transacciones antiguas y modificaciones relacionadas con créditos fiscales y beneficiarios de pagos tributarios.
Las pesquisas condujeron a más de 20 allanamientos simultáneos en Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé, donde fueron aprehendidos funcionarios de la DGI y particulares. Las autoridades buscan establecer quiénes autorizaban las operaciones, cómo funcionaba la estructura y cuál habría sido el destino de los recursos obtenidos mediante los créditos fiscales cuestionados.
Según la hipótesis de la Fiscalía, una parte del dinero habría sido distribuida en efectivo con el objetivo de dificultar su rastreo. Por ello, el análisis de cuentas bancarias, sociedades y movimientos financieros continúa siendo una de las principales líneas de investigación para determinar si participaron más personas y si el perjuicio económico supera la cifra calculada inicialmente.
Tras el fallo del Tribunal Superior de Apelaciones, las medidas cautelares fundamentales siguen vigentes al tiempo que prosigue la instrucción. El caso Pandora continúa figurando entre los expedientes más relevantes de los últimos tiempos sobre supuesta corrupción asociada al sistema tributario panameño, tanto debido a la cantidad de imputados como por la cifra del presunto daño patrimonial al Estado.
Fuente: Infobae — Infobae, “Justicia panameña confirma la detención de los imputados por fraude de $40 millones en el sistema tributario”
