La Casa Blanca se apresura contra el tiempo para rescatar su plan comercial, gravemente afectado después de la decisión del miércoles que revocó la mayoría de los aranceles impuestos por Donald Trump. El Gobierno ha señalado que, si los tribunales inferiores no detienen la implementación del fallo, solicitará este mismo viernes al Tribunal Supremo que preserve las tarifas actuales sobre las importaciones, argumentando que su eliminación causaría «daños irreparables» para la economía y la seguridad nacional.
El veredicto constituye el contratiempo judicial más significativo para Trump desde el inicio de su segundo mandato. Los abogados han solicitado medidas cautelares en el Tribunal de Comercio Internacional y ante un tribunal federal de Apelaciones en Washington. En el documento de 124 páginas entregado este jueves, el gobierno advierte que, de aplicarse la sentencia, “los acuerdos exitosos con varios países podrían desintegrarse de inmediato”, aunque en realidad Trump no ha concretado ningún acuerdo comercial vinculante durante su presidencia.
Argumentos repetidos, pero sin respaldo nuevo
El Ejecutivo mantiene los mismos puntos defendidos durante el juicio: que los jueces carecen de autoridad para poner en duda la decisión presidencial de recurrir a leyes de emergencia para aplicar aranceles, y que hay casos anteriores —como el de Richard Nixon— que respaldan este tipo de acciones. No obstante, el fallo del tribunal examina exactamente ese antecedente y lo emplea para cuestionar la legitimidad de las acciones de Trump.
La petición presentada al Supremo destaca que, sin una suspensión urgente, «aunque los aranceles sean ratificados más adelante, el perjuicio ocasionado ya no podrá ser deshecho». El Ejecutivo señala que podría ver reducidos sus ingresos fiscales, afectar sus negociaciones internacionales y enfrentar represalias en el comercio.
La sentencia: un golpe a la estrategia y la legalidad de Trump
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó el miércoles por unanimidad que los aranceles generalizados impuestos por Trump son ilegales, al considerar que el presidente excedió sus competencias constitucionales y violó la legislación al aplicar una ley de emergencia de forma indebida.
El fallo invalida, entre otros, los impuestos del 25% a Canadá y México y del 20% a China, junto con los controvertidos “impuestos recíprocos” implementados a nivel mundial con el pretexto de combatir el fentanilo y regular la inmigración. Estas acciones, anunciadas en el denominado “Día de la Liberación”, fueron posteriormente disminuidas al 10% debido a la presión de los mercados.
Conflictos en el ámbito político y judicial
La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha arremetido con firmeza contra el veredicto, describiéndolo como una «intervención judicial excesiva» y responsabilizando a «magistrados no designados» de interferir en las resoluciones del Ejecutivo. «Estados Unidos no puede operar si un presidente observa cómo sus acuerdos son detenidos por jueces con mentalidad activista», afirmó.
Stephen Miller, asistente del jefe de gabinete, fue más allá: “Estamos bajo el control de una tiranía judicial”, publicó en Twitter el jueves por la noche.
Kevin Hassett, jefe del Consejo Económico Nacional, afirmó en Fox Business que está seguro de que la decisión se revertirá en la apelación. Sin embargo, la Casa Blanca reconoce que está elaborando un recurso sobre el fondo del tema que aún no ha sido presentado.
Divergencia ideológica en el Supremo
El Tribunal Supremo, donde Trump tiene a tres magistrados de los seis que conforman la mayoría conservadora, podría convertirse en el árbitro final. Sin embargo, ese equilibrio ideológico no garantiza una decisión favorable. La sentencia anulada fue firmada de forma unánime por jueces designados por Trump, Reagan y Obama, lo que le otorga un peso institucional difícil de desestimar.
El gabinete respalda los aranceles
La seriedad del asunto llevó a cuatro integrantes del Gabinete a presentar testimonios oficiales ante el tribunal. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que la eliminación de los aranceles “debilitaría” pactos recientes. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, alertó sobre el peligro de una interrupción de las negociaciones en marcha. El representante comercial, Jamieson Greer, teme una alteración en las condiciones de competencia. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, opina que el veredicto compromete la política exterior y la seguridad nacional.
