El foro económico organizado en Bogotá por el Gobierno colombiano, bajo el liderazgo del Ministerio de Hacienda, se convirtió en un foco de controversia nacional e internacional. La participación como panelista del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, condenado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho en el caso “Sobornos 2012-2016”, desató fuertes críticas de distintos sectores políticos y ciudadanos.
La invitación, divulgada el 13 de abril mediante la cuenta oficial del Ministerio de Hacienda en redes sociales, desató una fuerte ola de rechazo. Rafael Correa, considerado prófugo de la justicia ecuatoriana, fue sentenciado por su participación clave en una red de corrupción que incluía sobornos y garantizaba contratos públicos favorables a cambio de aportes financieros ilegales. Según distintos analistas, esta invitación pone en entredicho la legitimidad de incorporar en actos oficiales a figuras con antecedentes penales.
Entre las críticas más pronunciadas estuvo la de la senadora María Fernanda Cabal, quien calificó al expresidente como un «prófugo delincuente» e hizo énfasis en su relación con el escándalo internacional de Odebrecht. De forma similar, la concejal Clara Lucía Sandoval aseguró que la participación de Correa representa un respaldo simbólico del Gobierno Petro hacia figuras condenadas, lo que calificó como “muy petrista”. Por su parte, el economista Germán Ricaurte denunció que el evento enviaba un mensaje inaceptable sobre integridad institucional, resaltando que Correa pesa no solo como símbolo del soborno, sino también como alguien que evade a la justicia.
En redes sociales, usuarios replicaron estas opiniones, cuestionando el impacto que tendría la participación de Correa sobre la percepción internacional de Colombia. El debate se trasladó también a los medios, donde analistas recordaron que la controversia no era sólo sobre la presencia del exmandatario ecuatoriano, sino sobre el mensaje institucional que el Gobierno colombiano proyecta al asociarse con figuras tan polarizantes.
La jornada quedó atravesada por nuevos focos de tensión, y aunque el evento pretendía analizar la política monetaria y la soberanía financiera en América Latina, las tensiones entre el Gobierno Petro y el Banco de la República se hicieron aún más visibles; recientemente, el banco central incrementó las tasas de interés en 100 puntos básicos, una decisión que no cayó bien al presidente ni a su equipo económico, y la distancia quedó clara cuando el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no asistió a debates relevantes con la junta directiva; en ese ambiente, la invitación de Correa fue interpretada por algunos sectores como un intento del gobierno de imprimir un tinte más político al foro en medio de un panorama ya complejo.
A pesar de la controversia, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial que responda a las críticas. Sin embargo, la situación ha abierto un debate a profundidad sobre la representación de figuras públicas con antecedentes judiciales y las implicaciones éticas de su participación en eventos oficiales de alto perfil.
