A escasos meses para las elecciones generales del 30 de noviembre, el partido en el gobierno de Honduras está sufriendo una creciente pérdida de legitimidad ante la opinión pública. El partido Libertad y Refundación (LIBRE), que ha liderado desde 2022, ha enfrentado críticas y acusaciones provenientes de la oposición política, sectores empresariales y grupos de la sociedad civil, que afirman que se estarían llevando a cabo supuestas tácticas para manipular el proceso electoral y mantener el poder pese a una significativa baja en los sondeos.
Retroceso en la intención de voto y pérdida de confianza
Encuestas recientes, como las de Pro Encuestas y TResearch, indican que la candidatura presidencial de Rixi Moncada ha experimentado un declive sostenido. Inicialmente posicionada como favorita, Moncada ha sido superada en las mediciones por el nacionalista Tito Asfura y el liberal Salvador Nasralla, quedando relegada al tercer lugar.
Los especialistas señalan que esta caída se debe a una mezcla de elementos: acusaciones de corrupción en el gobierno, divisiones internas en el partido gobernante, mal desempeño económico y una percepción cada vez mayor de falta de transparencia en la administración pública. La disminución del apoyo popular ha ocurrido al mismo tiempo que un endurecimiento del lenguaje político por parte del Ejecutivo y con indicios de tensión institucional que han alertado a diversos sectores.
Dudas acerca del sistema electoral y supervisión institucional
Un punto principal de controversia es la negativa del gobierno a permitir la verificación manual de los votos, una práctica común en procesos anteriores que funciona como un mecanismo de control para complementar la digitalización de los resultados. La oposición y organizaciones independientes señalan que eliminar esta revisión podría facilitar irregularidades y dificultar auditorías tanto ciudadanas como internacionales.
Además, se han reportado acciones orientadas a dificultar la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), clave para la transparencia del escrutinio. Las tensiones se han intensificado dentro del propio Consejo Nacional Electoral (CNE), donde consejeras como Cosette López y Ana Paola Hall han denunciado presiones e intentos de bloqueo a sus funciones.
Organizaciones corporativas y voceros de la oposición consideran estas acciones como un intento de fortalecer el dominio institucional sobre el proceso electoral, restringir la vigilancia externa y asegurar que el oficialismo tenga flexibilidad ante una posible derrota electoral.
Denuncias de tendencias ideológicas y ambiente de conflicto
La organización en Tegucigalpa de un encuentro del Foro de São Paulo, en el cual participaron delegaciones de gobiernos progresistas del área, avivó nuevamente la discusión sobre las relaciones internacionales del partido LIBRE. Críticos destacaron que estas conexiones con el eje Venezuela–Cuba–Nicaragua podrían estar dirigidas a emular modelos de gobierno que favorecen la concentración del poder y limitan los espacios de participación democrática.
Simultáneamente, detractores como Eduardo Facussé, quien fue presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), han alertado sobre la probable implementación de un «Plan Venezuela», que busca provocar inestabilidad en las instituciones, manifestaciones fomentadas y obstáculos administrativos que compliquen la transición gubernamental.
De acuerdo con las acusaciones, grupos cercanos al gobierno habrían llevado a cabo acciones perturbadoras en lugares estratégicos como el Congreso Nacional y el CNE, lo que podría contribuir a minar la confianza en el proceso electoral y aumentar la polarización política en la nación.
Panorama impredecible frente a una votación crucial
En Honduras, el escenario político se vuelve más dividido y el gobierno actual va perdiendo apoyo entre la población, lo que conduce a unas elecciones caracterizadas por la falta de confianza, el conflicto institucional y la crítica a las normas del sistema democrático.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, sectores empresariales y líderes políticos han reiterado la necesidad de una observación internacional robusta y de mecanismos de garantía que salvaguarden la transparencia y la legitimidad del proceso electoral.
La situación presente revela no solo la debilidad del acuerdo democrático en el país, sino también la problemática para guiar la rivalidad política dentro de límites institucionales estables, en un entorno de creciente desapego ciudadano y falta de confianza en las instituciones estatales.
