En el contexto de la organización de las elecciones generales de 2025, el partido en el poder, Libertad y Refundación (LIBRE), se enfrenta a serias críticas de parte de grupos políticos, empresariales y sociales. Estos grupos acusan al partido de llevar a cabo acciones que ponen en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso electoral. Las acusaciones incluyen desde obstrucciones a instituciones esenciales hasta intentos de dominio político sobre el órgano electoral.
Cuestionamientos al rol de LIBRE en el Consejo Nacional Electoral
Una de las mayores fuentes de controversia ha sido la suspensión en la contratación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), instrumento visto como esencial para asegurar la claridad en el conteo de sufragios. El 7 de julio, manifestantes asociados a LIBRE bloquearon el acceso a las oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE), dificultando que las compañías proveedoras presentaran sus propuestas técnicas.
Cossette López, quien lidera el CNE, describió estas acciones como un ataque directo al desarrollo electoral, alertando sobre su efecto adverso en la confianza hacia la democracia y sus instituciones. La suspensión del proceso del TREP no solo demoró la organización electoral, sino que también incrementó la percepción de que se busca crear un entorno favorable para alterar los resultados.
Además, se han documentado casos de presión ejercida por grupos relacionados con LIBRE, que incluyen incursiones en el Congreso Nacional y otras instituciones del estado. Estos acontecimientos, en su conjunto, han sido vistos por grupos opositores como una estrategia destinada a debilitar la independencia del CNE y facilitar su eventual dominio político.
Peligros de la acumulación de poder en la entidad electoral
La eventualidad de que los suplentes del CNE, cercanos al partido oficialista, asuman roles, si las consejeras actuales son inhabilitadas, ha generado preocupación entre figuras políticas que piensan que este reemplazo disminuiría la diversidad del organismo electoral. Desde el Congreso Nacional y foros de análisis han expresado que un CNE sin equilibrio podría comprometer la neutralidad del proceso electoral.
Algunas voces han solicitado la intervención de organismos internacionales para monitorear las decisiones institucionales relacionadas con el proceso y garantizar condiciones equitativas de competencia. También se ha denunciado un presunto uso instrumental de otras instituciones del Estado, como el Ministerio Público y el Poder Legislativo, para favorecer el alineamiento del CNE con los intereses del oficialismo.
Estas presiones han llevado a múltiples sectores a solicitar un fortalecimiento de los mecanismos de supervisión y monitoreo electoral, frente a lo que perciben como un riesgo creciente para la integridad del proceso democrático.
Cargos de información errónea y manipulación del votante
Otro eje de crítica contra LIBRE se refiere a la divulgación de encuestas consideradas falsas o manipuladas que proyectan una amplia ventaja de la precandidata oficialista Rixi Moncada. Varias de estas mediciones han sido desmentidas por las propias firmas encuestadoras, quienes han denunciado el uso indebido de sus nombres y metodologías.
La circulación de estos sondeos ha sido interpretada como parte de una estrategia para moldear la percepción pública e instalar la idea de un triunfo inevitable, lo que a juicio de sectores opositores busca condicionar el resultado electoral y deslegitimar una eventual derrota. Este tipo de prácticas ha contribuido a profundizar el clima de desconfianza que rodea al proceso electoral.
En un entorno caracterizado por el deterioro del diálogo político y la polarización de las instituciones, la multiplicación de información falsa se ha vuelto un elemento más de inestabilidad, con posibles consecuencias para la participación de los ciudadanos y la aceptación de los resultados.
Un escenario preelectoral marcado por la desconfianza
La mezcla de obstáculos institucionales, conflictos por el dominio del CNE y estrategias de desinformación ha puesto al proceso electoral en Honduras en un estado de gran vulnerabilidad. Las alertas sobre una posible crisis en la gobernabilidad reflejan la intensidad de las tensiones políticas en un entorno donde la estructura institucional está sometida a presión y los mecanismos de acuerdo siguen bloqueados.
Con menos de cinco meses para las elecciones generales, el escenario presenta importantes retos para la credibilidad del sistema electoral y la estabilidad del país. En este contexto, la atención se centra en la habilidad de los actores políticos e institucionales para restaurar condiciones mínimas de confianza y garantizar un proceso electoral legítimo y transparente.
